Las autoridades cingalesas afirmaron ayer que las muertes de civiles durante la ofensiva final contra la guerrilla independentista tamil del LTTE en 2009 fueron «inevitables». Según datos extraoficiales de la ONU y de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, el número de víctimas civiles podría ascender a 40.000.

«Pese a nuestros intentos y a las numerosas precauciones, fue imposible evitar víctimas civiles en un combate de esta magnitud y contra un oponente despiadado que ponía en peligro a los civiles», afirmó el Ministerio de Defensa en un informe presentado ayer, cuyo cínico título es «Operación humanitaria, análisis de los hechos».

En el informe se indica que fue imposible poner en práctica «la política de cero víctimas civiles» que el Ministerio pidió mantener debido a la peligrosidad del enemigo.

El jefe del Estado y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mahinda Rajapaksa, ha mantenido hasta ahora que no hubo víctimas civiles durante los últimos meses de la ofensiva militar contra los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), que finalizó en mayo de 2009 con la derrota de la guerrilla tamil.

El informe de Defensa trata de apuntalar la tesis oficial de que el Gobierno «hizo todo lo posible» para proteger a los civiles en la zona de conflicto y fomentado una cultura castrense de «cero bajas civiles». Durante su presentación, el ministro de Defensa y hermano del presidente, Gotabhaya Rajapaksa, a quien muchos señalan como el responsable directo de la ofensiva militar, las acusaciones de crímenes de guerra y el balance de 40.000 víctimas civiles proceden del aparato internacional del LTTE, todavía «activo» e «intacto», y de miembros de la diáspora tamil.

Crímenes de guerra

Según un informe de la ONU, algunas violaciones de derechos humanos durante aquella ofensiva podrían entrar en la categoría de crímenes de guerra.

Hay imágenes de ejecuciones sumarísimas de civiles por parte del Ejército, que, además, ha sido acusado de bombardear hospitales e impedir la atención médica a la población atrapada por la guerra, y de ejecutar a miembros del brazo político del LTTE que agitaban una bandera blanca en señal de rendición.Naciones Unidas recomendó una investigación independiente para analizar las violaciones de derechos humanos durante esa ofensiva, aunque el Gobierno cingalés niega los crímenes de guerra que se imputan a sus tropa y rechaza cualquier investigación internacional.