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Concentración mediática (II)

Medios sin un euro y en muy pocas manos

Silvio Berlusconi es el dueño absoluto del panorama mediático del Estado español. El resto de cabeceras comparten la concentración, pero sin tanto beneficio. Buena parte de las empresas está en números rojos y recurren a inversores externos para salvar el negocio.

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Alberto PRADILLA

Cualquier españolito puede educarse con los libros de Santillana, bailar en su juventud al ritmo de Los 40 Principales, informarse en su madurez leyendo «El País», invertir su dinero con ayuda de «Cinco Días», seguir los avatares de su equipo de fútbol favorito con el diario «As», aficionarse a la literatura con los libros de Alfaguara (...), animarse con el porno del viernes noche en Canal+ o ver una película producida por Sogetec en uno de sus multicines en Lusomundo». La cita, extraída de la obra de Jesús Cacho «El negocio de la libertad (Madrid, Foca, 1999)», evidencia el grado de penetración del grupo Prisa en todos los ámbitos comunicativos del Estado español. Pero ni siquiera su aspiración monopolista ha salvado a la compañía fundada por Jesús Polanco (el «de» aristocrático con el que se enlaza nombre y apellidos del difunto presidente del holding llegaría progresivamente, como su fortuna). Su difícil situación económica le obligó a abrir la puerta a nuevos inversores. Según publicaban diversos medios económicos esta misma semana, el grupo, tradicionalmente vinculado al PSOE, habría reducido en un 81% sus beneficios durante el primer semestre de 2011. Y esto no es todo. Durante el ejercicio anterior, las pérdidas llegaron hasta los 72 millones de euros, tal y como señalaba «El Economista».

En realidad, la situación de la todopoderosa Prisa sirve para definir todo el mercado comunicativo del Estado español: ideológicamente ligado a PSOE o PP, pero sin apenas divergencias ante las cuestiones centrales del Estado, obsesionado por un multimedia que no ha engordado las cuentas de resultados, concentrado en manos de accionistas que piensan en clave de cuenta de resultados o de influencia política, y sumido en una crisis que va más allá de las primas de riesgo que atemorizan los bolsillos.

Competidores y socios a la vez

Además de Prisa, otros grupos se reparten el pastel: Vocento (editor de «Abc» y «El Correo»), Unidad Editorial («El Mundo», «Marca»), Mediapro («Público» y La Sexta) y Antena 3 son los principales. Tras ellos se sitúan otras compañías como Planeta, Zeta, Prensa Ibérica y Godó. Por detrás, sociedades más marginales como Intereconomía, Libertad Digital o COPE (todas ellas de derecha muy marcada). Sin embargo, las aparentes rivalidades que suelen destaparse en los editoriales no concuerdan con lo que ocurre después en los despachos. Muchos medios, antagónicos en su mensaje, comparten accionariado (como en el caso de Berlusconi, cuyos tentáculos llegan simultáneamente a «El País» y «El Mundo») e incluso participan juntos en terceras cabeceras, tanto en el Estado español como en países latinoamericanos. Un ejemplo: Prisa y Godó (editor de «La Vanguardia») tenían hasta 2008, cuando entró más capital privado, el 80% y el 20% de Unión Radio, la emisora que centraliza la Cadena Ser. De este modo, «El País» y «La Vanguardia» compiten por los lectores en los Paisos Catalans pero se reparten los beneficios de quienes sintonizan sus radios. Además, el grupo liderado por Juan Luis Cebrián ingresa, a través de su agencia Gestión de Medios, la publicidad que se inserta en periódicos locales con los que, supuestamente, rivalizaría en los kioskos su cabecera matriz.

Poner nombres y apellidos a los responsables últimos de lo que se ve, se escucha y se lee es una tarea compleja. Detrás de los directores siempre hay un accionista. Pero si hay que hablar de magnates de la comunicación, Jesús Polanco aparece como el antecesor de Silvio Berlusconi en el panorama mediático español. En 1958 fundó la editorial Santillana. A partir de ahí creció el imperio, que se expandió especialmente durante los gobiernos de Felipe González. Progresivamente, Prisa se extendió a Latinomérica, donde su defensa de los intereses de empresas como Telefónica (con la que mantiene diversos lazos económicos) le convirtió en el vocero de los grupos de oposición a los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, o de Evo Morales, en Bolivia.

Tras el fallecimiento de Polanco, Juan Luis Cebrián se convirtió en el hombre fuerte de la empresa. Y aunque la familia del fundador sigue manteniendo un 35% de las acciones, la crisis terminó por facilitar la entrada de Liberty (57%), un holding de inversión norteamericano que une a personajes ligados a la banca como Juan Arena (ex presidente de Bankinter), multimillonarios como Nicolas Berggruen (que se hace llamar «sin techo» porque sólo vive en hoteles) y antiguos políticos como el ex presidente de México Ernesto Zedillo.

Curiosidades accionistas: a pesar de que muchos de los socios de Liberty han apoyado al presidente de EEUU, Barack Obama, una de las empresas de su presidente, Martin E. Franklin, ofrece acciones de la ultraconservadora Fox News, el buque insignia del magnate Rupert Murdoch. Ya no es necesario ponerse bíblico para decir que los caminos del señor (dinero) son inescrutables. El resto del negocio se lo reparten entre entidades bancarias como UBS, Deustche Bank o Bank of America.

Capital ligado a bancos

La acumulación de capital ligado a la banca se repite en las empresas que ejercen de sustento al PP. Vocento, surgido de la fusión del Grupo Correo y Prensa Española, está ligado a dos familias: los Ybarra y los Luca de Tena. Los hermanos Santiago y Emilio Ybarra han ejercido de nexo de unión entre la empresa periodística y el BBVA, que Santiago llegó a presidir. Sin embargo, sus lazos con los bancos no han salvado a la empresa editora de «Abc» y «El Correo» de registrar unas pérdidas de casi cuatro millones de euros durante el último semestre.

La sangría también afecta a Unidad Editorial, propiedad de la italiana RCS, un grupo controlado por los grandes bancos transalpinos, después de una operación en la que trabajadores de «El Mundo» acusaron a su director, Pedro J. Ramírez, de aprovecharse de información privilegiada para embolsarse 2.000 millones de pesetas. En el primer semestre del año, los números rojos de los dueños del rotativo casi llegan a los 20 millones de euros, buena parte de ellos provocados por su filial.

Aún falta mucho por relatar. Aunque es difícil. El camino que lleva desde las redacciones hasta los bolsillos de despachos alejados es enrevesado. Pero queda claro que, pese a diferencias retóricas, los intereses últi- mos son los mismos. Y no suelen llegar a los espectadores, a los que se les sirve la misma ración individual de pluralidad informativa.

«El Lobo» protagonizó un caso de escuchas que terminó sin culpables

Las escuchas promovidas por los medios propiedad de Rupert Murdoch han supuesto un escándalo a nivel internacional, también para la prensa del Estado español. Sin embargo, al otro lado del Ebro parece que se ha olvidado un caso de espionaje relacionado con los medios ocurrido en 1995 y que salpicó al entonces editor de «La Vanguardia», Javier Godó, y al ex miembro del CESID (actual CNI), Mikel Lejarza (luego rebautizado como Miguel Ruiz), alias «El Lobo», que alcanzó la notoriedad tras infiltrarse en ETA durante los años 70.

Tal y como recuerda Pascual Serrano es su obra «Traficantes de Información (Madrid, Foca, 2010)», «la Justicia procesó en 1995 a Javier Godó, a su secretaria y a 16 personas en total por crear una red de escuchas ilegales con el objetivo de seguir y vigilar a numerosas personalidades de la vida política y económica española». La acusación sostenía que Godó se puso en contacto con Emilio Alonso Manglano, entonces director general de los servicios secretos españoles, quien le dirigió a uno de sus agentes, el coronel Fernando Rodríguez González, que llegó a ocupar un despacho en el diario catalán en el que se encontraron 15 documentos de los servicios de inteligencia españoles clasificados como secretos y confidenciales.

Según se informó entonces, la lista de espiados era interminable: dirigentes de CiU, empresarios como Javier de la Rosa, el alcalde de Barcelona de entonces, Pasqual Maragall, el fiscal general del Tribunal Superior de Catalunya, Carlos Jiménez Villarejo, el presidente de Iniciativa per Catalunya o magistrados como Baltasar Garzón.

Finalmente, tanto Godó como su secretaria fueron absueltos aunque «El Lobo» y otros seis acusados sí que recibieron una condena. También quedó probado que que el editor del rotativo mandó a Lejarza que obtuviera informaciones sobre personas que consideraba «antagonistas en sus actividades empresariales». A. PRADILLA

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