En el Brasil republicano del siglo 21 existe la igualdad tan solo en el papel de la Ley. No hay efectivamente igualdad de condiciones y de oportunidades. La República brasileña no emancipó socialmente a millones de hombres y mujeres negros salidos del esclavismo. Desde el punto de vista constitucional, no tenemos discriminación. En la Constitución Federal `todos son iguales ante la ley, independientemente del sexo, raza, credo, orientación sexual, origen social'. Sin embargo, la desigualdad entre negros y blancos se mantiene: 64% de los pobres y 70% de los indigentes brasileños son negros. La discriminación racial y el prejuicio amplían las desigualdades sociales porque son reforzados por el racismo, por el machismo y la homofobia».

Esta caracterización es de la Coordinación Nacional de Entidades Negras, Conen, que la emitió al expresar públicamente, en octubre 2010, su respaldo electoral a la actual presidenta Dilma Rousseff, precisando que esta postura respondía a la necesidad de «consolidar los cambios de los últimos años, ampliar las conquistas e impedir cualquier retroceso en la afirmación de derechos sociales, culturales, políticos y económicos».

En las dos décadas y más del nuevo período constitucional de Brasil, es el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva el que mayor eco se ha hecho de las demandas y propuestas levantadas por el movimiento negro de ese país. Si bien no fueron muchas, ni a profundidad, las medidas adoptadas en el curso de sus dos períodos no dejan de tener un carácter trascendental porque de por medio se ha dado un reconocimiento por parte del Estado de que el país tiene una deuda histórica con las poblaciones afrobrasileña e indígena y que esa deuda debe ser pagada.

Uno de los mitos que las élites brasileñas han logrado establecer respecto a la identidad nacional es que en el país existe una «democracia racial», pues el entrecruzamiento étnico generalizado habría establecido una vida en armonía sin conflictos o segregaciones por motivos raciales. Cuando en realidad lo que se ha registrado es un proceso histórico sistemático para aniquilar a la población negra. Tras la adopción de la Ley de la Tierra en 1850, diversos «estudios indicaban que en aproximadamente cien años la `sangre negra' sería diluida en Brasil», expone el Coordinador General de Unegro, Edson França.

Según el Censo IBGE 2010, la población negra en Brasil llega a cerca de 96,7 millones, que equivale al 50,7% del total. Y la terca realidad también pone en evidencia que la segregación, la violencia y la discriminación raciales son expresiones cotidianas, profundamente arraigadas en el ordenamiento social prevaleciente. Por eso França acota: «La élite racista fue derrotada en su proyecto de blanqueamiento, pero continúa matando».

Las secuelas de 350 años de esclavitud persisten y esa herencia «que hoy se traduce en la modalidad más perversa de racismo existente en el planeta -una especie de racismo disimulado que nunca se asume- es elemento estructurante de la desigualdad social. No se puede hablar de combate a la desigualdad sin el enfrentamiento y la superación de esa herencia maldita», precisa Dojival Vieira.

Acciones afirmativas. Para responder a la agenda planteada por el movimiento negro, una de las primeras medidas del presidente Lula llegó el 9 de enero de 2003 con la sanción de la Ley 10.639, que obliga a los establecimientos de educación primaria a incorporar disciplinas sobre la historia y cultura africana y afro-brasileña y el papel de la población negra en el proceso histórico brasileño como criterio de evaluación. Sin embargo, su implementación se ha visto limitada, principalmente por falta de compromiso de los gobiernos estaduales y municipales con la cuestión racial.

Ante esta situación, a inicios de este mes de julio, la ministra de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República (Seppir), Luiza Barrios, anunció que concentrará sus esfuerzos para que esta Ley no quede a merced de la voluntad individual de secretarios de educación, por lo que instó al Ministerio de Educación para que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento, siendo que a la fecha menos del 5% de las escuelas respetan la legislación. Además, señaló que para el efecto se propiciará la formación de profesores, principalmente de educación básica.

La SEPPIR fue creada el 21 de marzo de 2003, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, como un «reconocimiento a las luchas históricas del Movimiento Negro Brasileño». Esta instancia asume como referencia política el programa «Brasil sin Racismo», que impulsa la implementación de políticas públicas en las áreas de trabajo, empleo y renta; cultura y comunicación; educación; salud; tierras de quilombos, mujeres negras, juventud, seguridad y relaciones internacionales.

Luego de siete años de tramitación en el Parlamento, el 20 de julio de 2010 entra en vigencia la Ley 12.288 que instituye el Estatuto de la Igualdad Racial, con un mandato que aborda numerosos temas como educación, salud, la cuestión de las tierras quilombolas, justicia, seguridad, cultura, entre otros. Además introduce en el ámbito jurídico acciones afirmativas para avanzar en la promoción de la igualdad racial en el mundo del trabajo, en el de las comunicaciones y de la utilización de los medios de comunicación, para la juventud y otros sectores afectados por la discriminación y otras formas de intolerancia, con énfasis en la población negra.

Cabe precisar que durante las negociaciones en el Parlamento quedaron por fuera las cuestiones relacionadas a las cuotas para la población afro-brasileña en la educación, los partidos políticos y el servicio público. De hecho, el tema de las cuotas ha sido objeto de una agresiva campaña mediática en contra, articulada por la Red Globo, la «Folha de Sao Paulo», «Estadão» y la revista «Veja», en combinación con las empresas que actúan en la educación. Nada sorprendente, entonces que, a un año de aprobado, el Estatuto de la Igualdad Racial continúa siendo invisibilizado, cuando no rechazado, en los grandes medios de difusión empresariales.

Si bien el Estatuto no fue aprobado como esperaba el movimiento negro, en el seno de éste se reconoce que se trata de un primer paso importante para la reflexión, para pensar conjuntamente con la sociedad, y que contribuye para la formulación del Proyecto Político. Sin desconocer que lo que hasta ahora se ha implementado en el país son medidas compensatorias, también se reivindica que las políticas de acciones afirmativas son una conquista popular y que, por lo mismo, el desafío pasa por construirlas.

En la presente coyuntura, precisamente, el movimiento afro-brasileño ha decidido involucrarse en el debate sobre la Reforma Política, con propuestas que pasan por la defensa de las acciones afirmativas como instrumentos de inclusión socio-racial. En esta línea se encuentra la Conen, para la cual «La reforma política interesa a la población negra, principalmente porque ella está subrepresentada en las instancias políticas brasileñas y este momento es especial para profundizar el debate, reflexionar, alterar el cuadro político nacional y crear mecanismos legales y regulatorios para ampliar la representación política de negros y negras en las instancias municipales, estaduales y federal». Actualmente, de los 513 diputados en el Parlamento, 43 son afrobrasileños y afrobrasileñas, y apenas uno hace parte de los 81 senadores que conforman la Cámara respectiva.

A la postre, como recalcó en marzo pasado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH), senador Paulo Paim, todavía existe mucho prejuicio entre los brasileños, a pesar de la creación de la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir) y de la promulgación del Estatuto de la Igualdad Racial.

© Alai AmLatina