Una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU condenara la represión del régimen sirio contra los manifestantes, el organismo internacional volvió a alertar sobre las violaciones de derechos humanos que se están registrando en Siria. «Hemos recibido un informe realmente deprimente y escalofriante», aseguró el embajador adjunto de Reino Unido Ante la ONU, Philip Parham, tras las consultas celebradas a puerta cerrada por el Consejo de Seguridad en las que se analizó la situación del país árabe y en la que tampoco se tomó ninguna decisión. Esto, a pesar de la insistencia de EEUU en aumentar la presión sobre Al-Assad, tal y como aseguró ayer su embajadora Susan Rice, que tampoco especificó hasta dónde estaría dispuesto a llegar Washington más allá de consideraciones retóricas sobre que el tiempo del actual presidente «ha pasado».

«Hasta el momento han muerto 2.000 civiles, la vasta mayoría desarmados, 3.000 han desaparecido, 13.000 permanecen detenidos y decenas de miles han abandonado sus hogares», explicó el diplomático, que reconoce pocas perspectivas de futuro. Después de tres meses de protestas, Siria no parece dispuesta a permitir «ninguna colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos».

Este sería un primer paso para poder saber qué está ocurriendo realmente en un país bloqueado desde hace tres meses. Por el momento, los únicos datos de los que se dispone son los diariamente hacen públicas las organizaciones opositoras. Por ejemplo, ayer, cuando el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos denunció más de 100 arrestos, entre los que se encontrarían 35 menores, en las localidades de Idleb y Homs.

En este contexto, el régimen de Al-Assad reconoció haber cometido «errores» en la represión de los manifestantes, tal y como señalaron ayer diplomáticos de India, Brasil y Sudáfrica reunidos en Damasco, que aseguraron que los dirigentes sirios se han comprometido a finalizar la revisión de la Constitución en marzo del próximo año.