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Bruselas permite al Estado español restringir la entrada de rumanos

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La Comisión Europea dio ayer luz verde al Gobierno español para seguir adelante con su decisión de reintroducir la exigencia de permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos que quieran trasladarse a trabajar al Estado español, un requisito que se levantó en 2009. Bruselas basa su autorización, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, en la «dramática situación» que atraviesa el mercado laboral, el mismo pretexto utilizado por Madrid para acordar esa restricción que, sin embargo, sólo afecta a los ciudadanos rumanos.

El Ejecutivo comunitario advirtió a las autoridades españolas de que permanecerá «vigilante» para asegurarse de que es una medida «desproporcionada». Madrid deberá informar periódicamente del progreso e impacto de la medida, y Bruselas podría retirar la autorización si considera que no está «aliviando» la «presión en el mercado laboral español» o que se trata de una iniciativa abusiva.

Según la Comisión Europea, «la continua llegada de rumanos a España y su alto nivel de desempleo -hasta el 30%- han tenido un impacto en la capacidad de este país de absorber nuevos flujos de trabajadores».

Las nuevas restricciones se aplicarán en todos los sectores económicos y en todas las comunidades autonómicas, aunque no afectará a quienes ya están instalados en el Estado español.

Éste es el primer caso en el que un Estado hace uso de la «cláusula de salvaguarda» que permite derogaciones temporales de la libre circulación de personas cuando un miembro de la UE ha abierto completamente su mercado laboral a todos los trabajadores europeos, como hizo Madrid en 2009. Otros diez estados (Alemania, Bélgica, Irlanda, Estado francés, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Gran Bretaña y Austria) no han eliminado todavía las restricciones y limitan la entrada de rumanos, tal y como les permite la normativa europea hasta finales de 2013.