Durante las mañanas que siguieron a las noches de enfrentamientos, saqueos e incendios, analistas y sociólogos apuntaban a la necesidad de encontrar las causas de por qué niños de tan solo once o catorce años de edad han participado en los saqueos y enfrentamientos con la Policía.

Claro está que la vía meramente policial era de esperar de los conservadores. Más Policía y más manga ancha a la hora de su actuación son las propuestas del primer ministro tory David Cameron, una respuesta que satisface a sus votantes, que responde a las exigencias de los «ciudadanos de bien» que exigen castigo para los participantes en las revueltas, sus familias y comunidades. El populismo obliga a Cameron a optar por la acción más vistosa, pero no por la más efectiva, mientras los juzgados han permanecido abiertos durante veinticuatro horas para procesar a los detenidos. Hasta el momento casi ochocientos ya han pasado ante el juez para enfrentarse a cargos de allanamientos, robos o posesión de bienes robados o delitos de violencia y desorden.

Los conservadores han invitado al llamado «superpolicía» estadounidense Bill Bratton para que les aconseje cómo actuar en situaciones como las vividas a comienzos de semana. A Bratton, que ha sido jefe de Policía en Nueva York y Los Angeles, se le adjudica una reducción dramática del crimen en Los Angeles después de los famosos disturbios de 1992, provocados por la decisión de un jurado de raza blanca de absolver a cuatro policias responsables de una paliza a un miembro de la comunidad afroamericana, Rodney King -en Inglaterra, el catalizador fue la muerte del joven Mark Duggan de un disparo en el pecho efectuado por la Policía-. Si bien la respuesta durante los incidentes se basó en mayor presencia policial y un gran número de detenciones, la Policía de Los Angeles sufrió importantes cambios en un corto plazo de tiempo, incluyendo a más miembros de minorías étnicas y estableciendo vínculos de trabajo con las comunidades.

¿Es esta una posibilidad en Gran Bretaña? En 1999, el informe de William MacPherson -en el que investigó al actuación policial durante las pesquisas por el asesinato del joven afro-caribeño Stephen Lawrence- acusó a la Policía metropolitana londinense de «racismo institucional» y propuso 70 recomendaciones para la reforma del cuerpo. En 2009, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos publicó un informe titulado «Policía y Racismo: qué se ha conseguido diez años después del informe sobre Stephen Lawrence». En las conclusiones de ese documento se señala que a pesar de avances en una mayor presencia de minorías en el cuerpo policial, capacitación y la lucha contra crímenes racistas -aunque aún se producen alrededor de 200.000 incidentes de caracter racista cada año-, también se han identificado preguntas que necesitan respuesta y acción de cara a evitar una repetición de estos incidentes: «¿por qué tantos hombres de raza negra son identificados por la Policía? ¿Por qué tantos policías negros abandonan -o son despedidos- del cuerpo policial en comparación con sus colegas de raza blanca? ¿Se sigue reclutando a racistas?». Estas cuestiones son más relevantes ante la admisión por parte de jóvenes detenidos y miembros de las comunidades donde se produjeron los disturbios, de su desconfianza y rechazo a la Policía. Incluso Bratton, el nuevo «consejero» de Cameron, ya ha apuntado a que «las detenciones son apropiadas para los más violentos, los incorregibles, pero la mayoría puede ser tratada de otras formas y no es tan sólo un asunto policial, es una cuestión social».

El problema es que esa cuestión social es la menor de las preocupaciones de Cameron, ya que ha sido etiquetada como parte de una agenda liberal, demasiado permisiva para la mayoría de analistas y periodistas de los medios británicos, que defienden políticas cuyo resultado será el victimizar aún más a las víctimas de las desigualdades siempre presentes en la sociedad británica, y que yendo más allá de la etnicidad de las comunidades, son claramente de clase. Es esa discriminación que amplios colectivos sociales sufren en el acceso a servicios básicos como sanidad y educación, empleo o vivienda digna, una de las claves de la frustración que lanzó a los jóvenes -y no tan jóvenes- a las calles. Y enfrentándose a la Policía, intentaban vencer a todas esas estructuras oficiales que les niegan cualquier esperanza de cambio.

También hay otras voces, las de los trabajadores comunitarios y sociales que viven en esas comunidades, las voces que Cameron y su Gobierno han optado por ignorar. Como la de Camila Batmanghelidjh, que en el diario «The Independent» denunciaba una sociedad que ofrece «no un ataque ocasional a la dignidad, sino humillaciones repetidas, el desposeimiento continuo en una sociedad rica en posesiones». Como apuntaba Zoe Williams en «The Guardian», «esto pasa cuando la gente no tiene nada, pero se le restriegan constantemente cosas que no se puede permitir y que no cree que se podrá permitir nunca».