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La Fiscalía intenta encarcelar al médico de Baiona mientras el debate social se extiende

El Tribunal de Apelación de Pau revisará esta semana la situación de Nicolas Bonnemaison, el médico del hospital de Baiona imputado por practicar la eutanasia a cuatro pacientes. La Fiscalía pide que sea encarcelado. La UMP recalca que «es una práctica inaceptable en Francia».
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El médico de Hazparne Nicolas Bonnemaison quedó libre, bajo control judicial, el viernes tras declarar ante el Juzgado de Baiona, pero su situación se revisará esta misma semana, ahora en el Tribunal de Apelación de Pau. Y es que la Procuraduría (Fiscalía) ha presentado ya un recurso en el que reclama que Bonnemaison sea encarcelado.

La acusación que pesa sobre él se define técnicamente como «envenenamiento a personas particularmente vulnerables» y deriva en una imputación de «homicidio voluntario». Se sabe que el médico ha reconocido los hechos, pero justifica su actuación por la necesidad de «acortar el sufrimiento de estos pacientes». Su abogado defensor, Arnaud Dupin, confirmó que ha admitido haberles inyectado una sustancia que les produjo la muerte, y que sería una combinación de Hypnovel, un tranquilizante muy potente, y Norcuron, que provoca parada res- piratoria al tiempo que relaja los músculos.

El recurso de la Fiscalía se presentó ayer, y se basa en que la eutanasia activa es un delito en el Estado francés, con penas que pueden ascender hasta a 30 años de cárcel, por lo que se pide que Bonnemaison sea encarcelado. La denuncia procedía del mismo centro en que trabaja y ocurrieron los hechos, el Hospital de la Costa Vasca, de Baiona.

A favor y en contra

Mientras el médico espera la decisión sobre su mantenimiento en libertad o su ingreso en prisión, el debate social se aviva. Y es UMP, el partido de Nicolas Sarkozy, quien toma la delantera en la demanda de que esta práctica sea reprimida con dureza. Su responsable de este área, Jean Rottner, subraya que la eutanasia activa «es algo inaceptable en Francia».

Según ha remarcado Rottner, la atención a pacientes en los servicios sanitarios de urgencias «obedece a unas reglas legales, deontológicas y morales que nadie puede desautorizar».

Por contra, para la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, el problema de fondo consiste en que la ley aprobada en 2005 «es claramente insuficiente», según adelantó a GARA el viernes su representante en Euskal Herria, André Weiss.

La ADMD apuesta por una ley que legalice esta práctica y a la vez la regule, por ejemplo a través de métodos como las últimas voluntades. Y su presidente, Jean-Luc Romero, ha subra- yado a la agencia France Press que lo ocurrido en Baiona avala la necesidad de que este asunto sea acometido «con urgencia».

La batalla se libra también por Internet: sólo el domingo se recogieron 5.000 apoyos a Bonnemaison y se ha creado un grupo en Facebook.

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