PSOE y PP oficializaron ayer verbalmente su compromiso para modificar la Constitución española e introducir en la misma una norma que obligue a «todas las administraciones públicas» a ajustar sus gastos en función de sus ingresos, con el objetivo de que el déficit estructural sea «cercano a cero» a partir de l año 2018.

Con el acuerdo previamente sellado entre bambalinas, el brindis lanzado desde la tribuna del Congreso por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió el saludo del líder de la oposición y máximo candidato a sucederle a partir del 20 de noviembre, Mariano Rajoy (PP).

Con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios, el Estado español complacerá una de las demandas presentadas por el eje franco-alemán en la cumbre del 16 de agosto en París.

No extraña por tanto que desde Bruselas todo fueran parabienes. Amadeu Altafaj, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, alabó «el compromiso político» del Gobierno español, al entender que ello contribuirá a «la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas».

Tres quintas partes

Como norma general, para modificar la Constitución española se necesita el voto favorable de los tres quintos del Congreso y del Senado, o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. La reforma se sometería a referendo sólo si así lo demandase una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

Las excepciones, que convierten el proceso en algo mucho más laborioso, son el Título Preliminar -donde se recogen, entre otros aspectos, la «indisoluble unidad de la Nación española» y el papel del Ejército como garante de la misma-; la Sección I del Capítulo II del Título I, que habla de «los derechos fundementales y las libertades públicas»; y el Título II, referido a «La Corona».

El debate saltó raudo a las redes sociales -por ejemplo en Twiter, bajo el epígrafe #yoquierovotar-, donde ya se han puesto en marcha iniciativas para demandar una consulta popular e incluso una reforma constitucional que aborde diversos aspectos.

A falta de conocer la letra pequeña de la propuesta, Zapatero explicó que la regla fiscal no se empezaría aplicar hasta 2018-2020, una vez concluido el actual proceso de consolidación, y que su proyecto incorporará «criterios objetivamente rigurosos» sobre el déficit estructural pero «flexibilidad» en otros aspectos.

«Petrificarlo»

Este aspecto había sido subrayado por el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, quien se mostró favorable al equilibrio presupuestario «como regla general inspiradora», pero «refractario a la idea de petrificarlo».

Más crítico fue el portavoz de UPN, Carlos Salvador, para quien esta «reforma express que nos imponen» es para reducir la deuda, cuando lo que se necesita son cambios del modelo educativo, una nueva «pedagogía» sobre lo público y apoyo a los emprendedores.

El presidente del Congreso, José Bono, ya avisó que si se pretende aprobar la propuesta antes de que acabe la legislatura deberá ser registrada esta misma semana.

Por su parte, el Partido Popular en Nafarroa (PPN) reclamó que «también se establezca en el Amejoramiento el principio de déficit cero».  

Los dos sindicatos mayoritarios en el Estado español criticaron tanto el fondo como las formas. Comisiones Obreras (CCOO) señaló que la medida «puede llegar a limitar o impedir las políticas que favorezcan el crecimiento económico», y añadió que «llama la atención que se pretenda improvisar una reforma de una Constitución como la nuestra, que tan difícil de reformar ha demostrado ser desde su aprobación». Para el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, la reforma entraña «riesgos de presente y de futuro» para el crecimiento económico y se plantea «al dictado de las propuestas de la UE y para contentar a los movimientos especulativos».

IVA, Sociedades y genéricos

La reforma constitucional fue la estrella de un pleno en el que se dio luz verde al Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que se recogían el descenso del IVA al 4% hasta diciembre para la adquisión de viviendas nuevas, la modificación en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y la obligatoriedad de recetar medicamentos genéricos.

La nueva normativa salió adelante con los votos favorables del PSOE, la abstención de PP, PNV y CiU y sólo siete votos en contra. En su intervención, Mariano Rajoy aseguró que si gobierna tras el 20-N prorrogará durante todo 2012 la reducción en el IVA, si bien matizó que sólo para la compra de vivienda habitual y hasta un tope de precio máximo.

El líder del PP también adelantó que recuperará la desgravación fiscal por la compra de vivienda, que se dejó de aplicar el pasado enero para las rentas superiores a 24.000 euros.