Modificación exprés de la Constitución española
Sólo UPN apoya en Madrid la reforma pactada por las cúpulas de PSOE y PP
Con un solo díscolo en sus filas, PSOE y PP vapulearon con sus votos al resto de partidos y consiguieron que la reforma de la Constitución empezara a tramitarse. El único partido que se sumó a la iniciativa fue UPN. El resto tacharon la reforma por el contenido y, sobre todo, por las formas. El principal argumento fue que, sin referéndum, se rompe definitivamente con la idea de que la Carta Magna nació del consenso. Los diputados de CiU decidieron no votar.
Aritz Intxusta | IRUÑEA
El diputado navarro Carlos Salvador vio la oportunidad ayer de entrar en los titulares de la prensa estatal. De paso, mostró que UPN es un partido leal con sus socios en un mensaje que parece dirigido tanto al PP (sus socios de siempre) como al PSOE (sus socios de ahora). La reforma constitucional que llegó ayer al Congreso español era el fruto de un acuerdo a dos, gestado en un despacho a puerta cerrada, pero al enviado de UPN le importaba poco. Salvador, en el fondo, lo que buscaba era airear la Transitoria Cuarta para ver si conseguía que los dos partidos mayoritarios pagasen su buena fe negando el derecho a los navarros de unirse, si lo desean, con el resto de Hegoalde. No en vano, la Unión del Pueblo Navarro se fundó con ese propósito en 1979, desmarcándose de la línea de UCD.
La intervención de Salvador, básicamente, fue la única que no era del todo previsible. El proyecto entraba a la Cámara para encontrarse con dos bloques muy marcados. La unión de fuerzas de PP y PSOE arrojó un resultado de 318 votos a favor (incluidos los dos de UPN) frente a 16 en contra. Coalición Canaria ordenó abstenerse a sus dos diputados. El gesto simbólico quedó en manos de CiU, que se negó a emitir su voto.
Realmente, el debate arranca a partir de ahora. Ayer únicamente se decidía si se seguía adelante o no. El principal punto de conflicto es si la reforma de la Constitución de 1978 requiere o no de un referéndum. A pesar de la aplastante mayoría de PSOE y PP, basta tan sólo con un 10% de los diputados para forzar la consulta ciudadana. Aún queda tiempo, tres semanas, para conseguir esas firmas.
La carrera de las enmiendas
Al echar a andar la reforma, comienza el plazo para presentar enmiendas y ese margen sí que es corto (de 48 horas). El común denominador de las formaciones críticas fue que se trata de una modificación por la puerta de atrás, improvisada y sin consensuar, para luego continuar cada loco con su tema. En definitiva, la iniciativa de ayer supuso abrir el melón constitucional y los partidos lo aprovecharon para recuperar reivindicaciones históricas.
«¿Qué pensará Miquel Roca?», se preguntó Duran i Lleida en referencia al político de CiU que participó en la redacción del texto constitucional. Duran i Lleida sostuvo que «si no hemos estado en el consenso ni el diálogo, no estamos en la votación. Ellos se lo hacen, ellos se lo guisan y ellos se lo comen». En consecuencia, los diputados de la formación ni siquiera apretaran el botón del no.
Si UPN rescató del olvido el asunto de la Transitoria Cuarta, los de Coalición Canaria se sacaron de la manga el reconocimiento de la «especificidad» de las Canarias y, en definitiva, reclamaron una revisión «más profunda» del texto. El BNG, por su parte, señaló que se trata de una reforma «antigallega, antisocial e inútil».
Josu Erkoreka aprovechó su turno para recordar que presentarían una enmienda «en el estrechísimo margen» que les han dejado. El texto hará referencia al derecho a decidir. No se sabe a ciencia cierta en qué términos se redactará dicha enmienda jeltzale. No obstante, desde Bildu se ha señalado que el PNV «va por libre» con esta iniciativa.
Por su parte, la diputada de NaBai, Uxue Barkos, reapareció en el Pleno entre aplausos tras una larga ausencia debida a su enfermedad. Barkos dio un no rotundo a la reforma, porque «abre una vía definitiva para la eliminación de facto de la autonomía fiscal y los derechos forales de cuatro de las cinco haciendas que hoy conviven en el Estado».
Rosa Díez apuntaba que la reforma es una «chapuza» y que hay que meter mano a la Constitución para eliminar «duplicidades en la Administración». Ideas parecidas -aunque a la inversa- sostuvo Joan Ridao, de ERC. Mientras Díez quería eliminar cargos autonómicos, Ridao propuso eliminar cargos del Gobierno central. Además, el portavoz de ERC afirmó que limitar el déficit supone la muerte de la economía keynesiana.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, recordó que el PC tuvo un papel en la redacción de la Constitución y que ahora se le ningunea. Además, señaló que la actual reforma rompe con el consenso entre ideologías políticas y la territorialidad. Llamazares, que acostumbra siempre a soltar una frase llamativa, comparó esta reforma pactada en un despacho con el golpe de estado del general Pavía, el que entró montado en su caballo en el Congreso, acabando así con la Primera República.
¿Quién pone el cascabel al gato?
No faltan excesivos votos para conseguir que la reforma sea validada en referéndum. Ayer se contabilizaron 30 diputados a favor de la consulta (incluyendo a CiU y CC) y sólo hacen falta 35. Pero, para ello, es necesario que diputados de PSOE y PP rompan con la disciplina del partido. Es cierto que existen voces críticas dentro del PSOE, pero el candidato Alfredo Pérez-Rubalcaba busca por todos los medios que nadie se le escape. Es su oportunidad para demostrar su liderazgo y no es buen momento para zancadillear al candidato del 20-N, teniendo en cuenta de que el barco del PSOE hace aguas. Ayer sólo se atrevió a ser consecuente con sus ideas Antonio Gutiérrez, ex dirigente de CCOO. A fin de cuentas, las listas para presentarse a las siguientes elecciones están aún por conformarse y un desaire puede costar un sillón durante cuatro años.
A Moody's y S&P les da igual
La modificación para limitar el déficit se justifica en dar un «mensaje a los mercados».Desde PSOE y PP han insistido en que un referéndum provocaría un castigo de los compradores de deuda. Sin embargo, las agencias de calificación de riesgos Moody's y Standard & Poors emitieron el martes sendos comunicados diciendo que ellos se fijan en las cifras y no en las leyes, por lo que no dan importancia a la reforma.
Sólo un diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, se saltó la disciplina de voto. Se necesitan seis representantes más para obligar a una consulta. ¿Gutiérrez lanza un desafío al partido o todo estaba ya previsto por el PSOE?
Sólo los mayores de 52 años (los que habían cumplido la mayoría de edad en 1978) han tenido la oportunidad de votar la Constitución. Hoy son más quienes no han podido pronunciarse que los que sí lo hicieron
El Senado también tiene potestad para enviar a referéndum la reforma. En su caso, se necesita de la firma de 26 senadores y se muestran contrarios 21 (uno de ellos pertenece al PSOE). Los analistas ven más viable que el cambio se dé en el Congreso.
La mayoría de partidos daban por hecho que la fecha idónea para realizar una consulta es el próximo 20 de noviembre. Así, el día de las elecciones serían necesarias tres urnas, para elegir al Congreso, al Senado y pronunciarse sobre la reforma constitucional.
A la salida de la primera reunión del Consell Executiu catalán después de las vacaciones, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, anunció que ya planea una contraofensiva legal para contrarrestar las consecuencias que la reforma constitucional tendrá para Catalunya. El Gobierno catalán prevé sacar adelante una ley de financiación antes de que la modificación de la Carta Magna se haga efectiva. Homs señala que utilizarán todo el margen competencial que tengan para elaborar su propia ley y advierte que, si Madrid tiene algún problema, tendrán que acudir al Constitucional.
Homs señaló que el consenso bajo el cual había salido adelante la Constitución española de 1978 ha quedado definitivamente «roto» con la modificación sobre el déficit. El portavoz apuntó que su ley es más seria y tiene una mayor credibilidad de cara a los mercados que la revisión del Artículo 135 de la Carta Magna, que calificó como un «propósito de enmienda para el año 2020». Asimismo, criticó tanto a PSOE como al PP por exigir a las comunidades una forma de gestionar la deuda que ellos han sido incapaces de llevar a la práctica en las comunidades en las que gobiernan.
De esta forma, la Generalitat es la primera administración pública que de manera formal se muestra crítica, cuando no desafiante, con la reforma. No obstante, otras organizaciones de peso han criticado la forma y el fondo de la modificación. Así, UGT y CCOO han anunciado movilizaciones que coincidirán con las votaciones de Congreso y Senado. Además, dos de las principales asociaciones de magistrados (la Fundación Francisco de Vitoria y Jueces por la Democracia) han exigido -por «higiene»- un referéndum. Por su parte, el 15-M salió ayer a las calles de Madrid para tratar de paralizar la reforma. A.I.
Esta sería la segunda ocasión en la que se introducen cambios en la Constitución de 1978. La primera modificación se realizó hace 20 años y tuvo como objetivo permitir a los residentes comunitarios el derecho a voto en las elecciones municipales.
