ELA y LAB se concentraron ayer ante la sede de la Lehendakaritza de Gasteiz para denunciar que en la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) -dirigida por Marta Ares, hija del consejero de Interior Rodolfo Ares- se actúa «con nepotismo», según la Real Academia, «desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos»; se están cometiendo «irregularidades» y «se está derrochando el dinero y los recursos públicos a su antojo» desde su creación como agencia adscrita al Departamento de Presidencia de Lakua.

Las dos centrales criticaron la modificación de la relación de puestos de trabajo «amortizando una plaza de Técnico de Administración General» y «creando otra de secretario de alto cargo» que «encubre el despido de un compañero bajo el disfraz de la amortización de la plaza».

Ambas centrales afirman que hace seis meses «cuando se aprobó la relación de puestos de trabajo, se consideró necesario el puesto de Técnico de Administración General y prescindible el de secretario de alto cargo, cargo que estaba ocupado por otra compañera y que fue, igualmente, amortizada». ELA y LAB denuncian que «ahora, pretende hacernos creer que al servicio público le sobra ese técnico, para volver a crear la plaza de secretario que, en su momento, consideró innecesaria».

Todo esto ocurre cuando la AVCD «mantiene sin cubrir la plaza de responsable de Administración y Servicios por decisión de la directora y la Oferta Pública de Empleo (OPE) permanece paralizada: seis técnicos de Cooperación, un responsable de Planificación, un responsable de Coordinación Técnica y un técnico de Programas en Materia de Género».

Las centrales indican que la OPE se ha suspendido de forma cautelar «sin haber respondido satisfactoriamente a las alegaciones realizadas por los sindicatos y tras obstinarse la directora en seguir con ella a toda costa». En definitiva, la Agencia de Cooperación «está funcionando sin cubrir diez plazas y con el trabajo de seis becarios. Todo ello conlleva un mal funcionamiento, con retrasos de dos y tres años en su labor», denuncian ELA y LAB.

Por el contrario, «se multiplica al personal con contratos administrativos» y «la contratación se adjudica a una asesoría para que ceda ilegalmente sus trabajadores para prestar servicios», critican.