Con motivo del primer Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, el responsable del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Jeremy Sarkin, pidió al Estado español que aclare la situación de las personas desaparecidas en la Guerra de 1936 y durante la represión franquista. Resulta curioso este toque de atención a uno de los 28 estados que han ratificado la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, pero tratándose del español resulta también doloroso que tres décadas después de la dictadura siga no sólo sin identificar las fosas comunes, sino además impidiendo hacerlo, negando el derecho a la verdad sobre el paradero y las circunstancias de la desaparición de más de 100.000 personas. La petición de la ONU es otra muestra de la insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica, instrumento que pretendió zanjar las carencias de la transición española en cuanto a la impunidad y el olvido en que se basó, en nombre de una falsa reconciliación, imposible sin verdad, justicia y reparación.

En Euskal Herria está cada vez más presente la memoria de los desaparecidos, y son numerosos los actos como el que el pasado viernes en Buñuel recordó a sus 25 vecinos fusilados. Pero también crece la exigencia que ayer hizo la ONU al Estado español.