La diputada de Hacienda, Helena Franco, y la portavoz foral, Larraitz Ugarte, comparecieron para informar sobre la situación de las cuentas públicas en Gipuzkoa e hicieron hincapié en la existencia de un desfase -se dice fácil- de más de 100 millones de euros. 35 millones más en incremento de gasto y 66 menos por bajada de recaudación hacen que la situación sea delicada y obligan a sacrificios. Los datos que dieron a conocer difícilmente pueden calificarse como un mero error de cálculo y simples contingencias dentro de la normalidad presupuestaria. Como bien dijeron ayer, en el mejor de los casos, sólo pueden explicarse desde una actitud «poco prudente y poco responsable». Y, sin duda, retratan unas formas que en tiempos de bonanza acostumbraban a funcionar por encima de las posibilidades, a apostar por los macroproyectos de infraestructuras, al clientelismo en las adjudicaciones y a régimenes fiscales ad hoc para los beneficiarios. Cuando no a casos de corrupción como el de la «Hacienda de Irun», con redes organizadas y cobertura al más alto nivel.

Los anteriores gestores de la Diputación, el ex diputado general Markel Olano, del PNV, y el ex diputado de Hacienda Pello González, de Hamaikabat, se apresuraron a responder mediante un comunicado conjunto para negar la mayor y acusar a los nuevos gestores de Bildu de comportarse de manera «arrogante», con datos «irreales», lo que resulta, en su opinión, «grave e irresponsable». Muy al contrario, Bildu ha realizado un ejercicio de honestidad y transparencia al hacer público el estado de las cuentas de todos. Que, además, no debería quedarse en esa primera comparecencia, sino que debería institucionalizarse, auditarse bajo escrutinio público al objeto de que todos los ciudadanos de Gipuzkoa supieran qué se hace realmente con su dinero y se asegurasen de que no se se repetirán chapuzas como las que hoy conocemos.

La situación hace que inversiones en fase de presupuesto tengan que ser sacrificadas. Acertadamente, se preservarán servicios sociales básicos y se priorizará el transporte público. No le van a faltar a la Diputación macroproyectos donde recortar ni apoyo popular para hacerlo. Que las cuentas sean claras resulta obligado para un gobierno de los gobernados.