Iñaki SOTO

Un día como hoy, hace ahora un año, ETA hizo público a través de un comunicado remitido a la BBC y a GARA que había decidido «no llevar a cabo acciones armadas ofensivas», una decisión tomada hacía meses pero que notificaba entonces. Era un día de regatas como el de ayer, primera jornada de la Bandera de La Concha, y la cadena pública británica había desplazado varios corresponsales a Donostia e improvisado un pequeño set en Igeldo. Hasta allí fuimos el abogado Julen Arzuaga y quien esto firma para ofrecer una primera impresión sobre el anuncio del alto el fuego. Preocupados como estábamos por expresar la importancia del momento -en directo, ante todo el mundo y en nuestro «balbuceante» inglés-, no nos percatamos de que lo que sucedía en la bahía y lo que estábamos narrando desde el parque de atracciones tenían en común más de lo que podría parecer en un principio.

Para empezar, aquello era una fiesta. O, mejor dicho, el preludio de grandes días que vendrían después. Y hacía demasiado tiempo que muchos vascos habían perdido la ilusión por la política -una de sus pasiones, junto a deportes como el remo-. Repasando este intenso año, la noticia de la legalización de Bildu por parte del Tribunal Constitucional quizá sea la expresión más clara de ese estado emocional que empezaba a brotar aquel día.

Entendida en su contexto, y siguiendo con lo especial de esa jornada en Donostia, la iniciativa de la organización armada no suponía un cambio de rumbo ni bajar los remos, en contra de lo que algunos quisieron hacer ver, sino una ciaboga para encarrilar el camino marcado por el debate de la izquierda abertzale y por el apoyo internacional a las conclusiones de ese debate. Marcaba un hito en la transformación del conflicto y en la apertura de una nueva fase política en Euskal Herria. Nada sería igual, y quienes se empeñaban precisamente en que todo permaneciera igual empezaban a ser conscientes, por primera vez en mucho tiempo, de que podían perder la tanda y la Bandera.

Este juego, no el remo sino la política, no consiste en ver quién va más lejos, quién sigue «mar adentro». Es una conjunción de técnica, entrenamiento, fuerza y motivación, de sentido de equipo y unión con quienes te apoyan, de talento y claridad en la dirección y de capacidad de adaptación a las condiciones objetivas.

En todos esos ámbitos la izquierda abertzale había trabajado duro durante varios años, en condiciones extremas de persecución, siempre con el objetivo de romper un bloqueo que le dañaba. Arnaldo Otegi y algunos de los compañeros se encontraban -se encuentran- en la cárcel acusados precisamente de «buscar treguas». Lo que en Madrid inculpaba a los líderes de la izquierda abertzale en Euskal Herria quebraba su aislamiento y generaba fuerzas hasta entonces hipotecadas. Los acuerdos estratégicos entre partidos y la Declaración de Gernika, a la que posteriormente ETA también respondería positivamente, son ejemplos de las fuerzas liberadas en este proceso.

Una de las grandes diferencias entre el escenario actual y el anterior es que ahora toda decisión que tome el Estado en cada uno de los frentes que ha abierto contra el independentismo vasco, sea cual sea la decisión, le supone un coste político que debe evaluar. Es decir, si finalmente el Tribunal Constitucional decide legalizar Sortu, sabe que eso catapultará esa opción política, mientras que si mantiene la ilegalización, sabe que a medio plazo se enfrenta a ser desacreditado en el ámbito internacional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la sentencia del denominado «caso Bateragune». Una sentencia absolutoria potenciaría el liderazgo de Otegi, mientras que su condena supondría convertirlo en un icono para amplios sectores de la sociedad vasca.

Como ya se ha dicho, la ciaboga de hace un año venía marcada por el debate en el seno de la izquierda abertzale y por los sucesivos movimientos y emplazamientos que habían tenido lugar en el año precedente, especialmente las declaraciones de Altsasu e Iruñea. No se trataba de los clásicos «mantras» entonados por el ministro de turno, sino de peticiones expresas por parte de su base social y de miembros destacados de la comunidad internacional.

La Declaración de Bruselas había restablecido en cierta medida un equilibrio entre las partes, empezando por la aceptación de la existencia de un conflicto -y, por ende, de unas partes-, avalando la necesidad de una resolución política, y estableciendo las condiciones en las que la comunidad internacional podría apoyar un proceso. Todo ello minaba la concepción sostenida por el Estado, limitada a la cuestión de la seguridad y en clave de problema «interno».

ETA ya había dicho que respondería a la Declaración de Bruselas, pero la respuesta tardaba en llegar. Tanto que en ese periodo la clase política y los medios españoles habían ido subiendo el listón de la exigencia hasta cotas que atentaban contra el mínimo realismo político. Nada sería suficiente, tal y como señalaba Iñaki Iriondo al analizar las reacciones al comunicado. Esa misma reacción se repetiría el 10 de enero de este año, cuando ETA anunció un alto el fuego «permanente y general, que pueda ser verificado por la comunidad internacional».

Pero el tiempo ha demostrado que la decisión hecha pública hace un año no era una maniobra aislada, sino que se inscribe en una dinámica política que busca un escenario democrático, pacífico, justo y estable. Y que esa dinámica tiene un gran apoyo social en Euskal Herria.

Ha sido un año trepidante, y los próximos meses lo serán también. Va siendo hora de terminar la tanda clasificatoria y de empezar a pelear en serio por la Bandera.