La mayoría sindical salió ayer al mediodía a la calle en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para rechazar la sentencia por el «caso Bateragune» y exigir la libertad de los cinco condenados. Cientos de personas se concentraron por espacio de una hora detrás de pancartas con el lema "Epaiketa politikorik ez. Eskubide guztiak guztiontzat".

En la que se desarrolló en Bilbo, ante la Subdelegación del Gobierno español, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, no perdió la ocasión para censurar la actitud del lehendakari, Patxi López, del que dijo que «no se puede quedar como Pilatos, lavándose las manos, diciendo un día una cosa y otro día otra, buscando un equilibrio imperfecto en donde la situación de facto es que están aceptando fallos judiciales completamente injustos».

Muñoz dijo que «el responsable de que tengamos una sentencia injusta -de la que antes subrayó que «tiene mil y un agujeros»- es el Gobierno español, que mandó a la Fiscalía que pusiese todos los medios a su alcance para obtener este tipo de resolución». Como lo ha manifestado en otras ocasiones, calificó a la Audiencia Nacional de «tribunal de excepción para condicionar en el Estado español toda la política».

De los magistrados que han dictado la sentencia condenatoria contra los cinco militantes independentistas, el dirigente de ELA dijo que «están fuera de juego en lo democrático en términos de justicia y están fuera de juego en función de la realidad de Euskal Herria».

Tras Muñoz tomó la palabra la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, que consideró «inaceptable» la sentencia y que muestra que la posición del Ejecutivo español «es cada vez más débil en relación a lo que necesita el pueblo vasco para la resolución del conflicto».

Etxaide, que incidió en el carácter político de la resolución judicial, añadió que con ella el Gobierno español pretende «hacer una demostración de fuerza, pero a través del ámbito de la represión, ya que no es capaz de dar una respuesta política al conflicto y quiere conseguir la solución sobre un trabajo de estrategia represiva».

Muñoz y Etxaide, que llamaron a la movilización, compartieron pancarta junto a otros sindicalistas de ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, así como representantes políticos como Txema Azkuenaga, portavoz de Bildu en el Consistorio bilbaino.

Si en la Plaza Elíptica de Bilbo se reunieron dos centenares, en el Boulevard donostiarra lo hicieron 300 personas, entre las que se encontraba el alcalde, Juan Karlos Izagirre. En Gasteiz, en la Plaza de la Virgen Blanca, se concentraron contra este nuevo ejemplo de represión política unas 300 personas, con la presencia del parlamentario autonómico de Eusko Alkartasuna, Juanjo Agirrezabalaga.

Ataque al proceso

En la Plaza del Ayuntamiento, en Iruñea, quienes reivindicaron «una verdadera democracia» fueron otros 250 ciudadanos. Igor Arroyo, responsable de LAB, destacó que la sentencia «supone un ataque a la línea de flotación del proceso que se está abriendo en Euskal Herria para solucionar el conflicto de manera dialogada, de manera democrática». Imanol Pascual, de ELA, definió el fallo de «cruel e injustificable».

Al margen de en las capitales de Hego Euskal Herria, en Beasain, trabajadores de CAF salieron a la calle por idéntico motivo. El comité de empresa con los votos a favor de LAB, ELA y ESK, y la abstención de CCOO, exigió la inmediata libertad de los condenados. «El ejercicio de la actividad política que han venido desarrollando no puede, de ningún modo, ser motivo de condena y encarcelamiento en un sistema democrático», señalaron.

En el ámbito político, Aralar consideró que el encarcelamiento de Rafa Díez «es un escándalo democrático». Reprochó a la Fiscalía «actuar como los movimientos de la extrema derecha, en vez de dedicarse a salvaguardar la democracia, los derechos y las leyes», crítica que extendió al Gobierno del PSOE.