La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno español, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional sus alegaciones en las que pide que se rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Supremo de prohibir su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

El escrito de la Abogacía se suma a las tesis del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de que Sortu no puede ser legal mientras «en el telón de fondo de su presencia política subsista la terca y desafiante sombra de ETA».

Sabiendo que juega en casa, la Abogacía intenta obtener provecho de cada detalle, pretendiendo imponer la visión de que «todo es ETA» ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, hace referencia al comunicado hecho público por ETA el 13 de julio, sobre el que interpreta que no aparece la desvinculación entre ETA y la izquierda abertzale. Considera que puede ser que «en sus primeros momentos los más acusados extremistas del terrorismo etarra no compartieran del todo la apuesta» que culminó en Sortu, si bien las posiciones expresadas por la organización armada «no pueden describirse como de contraposición o separación, sino como interpretación a cuatro manos de la misma pieza».

Y después llega la pirueta (con latinismo incluido) de afirmar que, como los promotores de Sortu no dijeron nada sobre el comunicado, en este contexto «ha de regir la regla `qui siluit cum loqui et debuit et portuit consentire videtur', es decir, que `el que calla cuando debe y puede hablar, consiente'».

Este argumento es paradójico, por cuanto Sortu no tiene voz pública, precisamente, al haber sido ilegalizada en su día por el Tribunal Supremo. Y entre quienes promovieron su silenciamiento se encuentra la propia Abogacía del Estado.

El compromiso de Sortu

Cuando la cuestión estaba en manos del Supremo ya se produjo una situación similar. Y los promotores de Sortu aclararon que, por «prudencia» y hasta ser legales, habían tomado la decisión de «mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa».

Anunciaron que cuando estuvieran inscritos en el Registro asumirían todas sus responsabilidades sin ningún género de dudas. Y calificaron de «cuando menos curioso» que quienes les «quieren castigar al silencio político», les exijan pronunciamientos y quieran además utilizar su silencio como elemento de ilegalización.

«Ilegalización preventiva»

El Tribunal Supremo dictó la ilegalidad de Sortu en una sentencia apoyada por nueve magistrados, mientras que siete expusieron un voto particular en el que acusaban a sus compañeros de haber ido «mucho más allá» que la propia Fiscalía.

La defensa de Sortu, representada por los letrados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, presentó el 18 de mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que denuncia que el Supremo realizó una «ilegalización preventiva», puesto que prohibió un partido sin atender a «sus actividades y conductas», pues éstas no tuvieron tiempo de ejecutarse.

El texto hacía un detallado repaso de las vulneraciones de derechos y las omisiones legales en las que incurrió la Sala del 61 del Supremo para prohibir la inscripción de Sortu. No sólo repasa abundante jurisprudencia tanto del Estado español como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que se apoya también en la última sentencia del TC que legalizó Bildu y en el voto particular del auto del TS que prohibió Sortu.

La Sala del 61 decretó que Sortu era una sucesión de partidos ilegalizados previamente, pero -en opinión de los recurrentes- ni siquiera se molestó en analizar si se daban los criterios que establece la ley y que son «la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo».

Los abogados de Sortu sostienen que en el auto por el que el Tribunal Supremo prohibió la inscripción del partido tampoco se analizaron sus estatutos, ni se tomaron en cuenta los actos y tomas de postura de sus promotores ni de otros miembros de la izquierda abertzale. Critican que tampoco se valorara el «contraindicio del rechazo a la violencia de ETA y su carácter concluyente». Sólo hubo «sospechas y convicciones», en lugar de «datos debidamente acreditados».

Estatutos de «ficción»

El escrito de la Abogacía del Estado aborda tanto la cuestión de la «ilegalización preventiva» como el de los estatutos. Sobre la primera, señala que «más que control preventivo hay protección de la eficacia de la cosa juzgada material de una previa sentencia de declaración de ilegalidad y disolución de partidos que eran instrumentos de una banda armada terrorista, que fue dictada nada menos que el 27 de marzo de 2003 y cuyos pronunciamientos no es la primera vez que se tratan de sortear fraudulentamente».

En cuanto a los estatutos, la Abogacía reconoce que «son irreprochables desde el punto de vista constitucional», pero a ello contrapone que «el dato capital ha de estar en sus actuaciones (...) más que en su programa y sus estatutos». Un punto paradójico cuando Sortu no ha hecho más actuación que su propio intento de constitución, formalizado en esos estatutos.

Pero para los letrados del Gobierno, «los primorosos estatutos no pasan de ser una ficción forjada exclusivamente para lograr fraudulentamente la inscripción en el Registro de Partidos Políticos».

Amenaza subyacente

Del escrito de la Abogacía se ha destacado que insiste en que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale `ilegalizada' o `legalizada' -lo que se interpreta como una alusión a Bildu- no puede pretender colarse en la normalidad política si no se desvincula de ETA «sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución».

La Fiscalía presentará hoy su escrito de alegaciones, apurando el plazo hasta el final. El Tribunal Constitucional no tiene un límite para dictar sentencia.