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Una movilización masiva exigirá hoy en Bilbo el fin de los juicios políticos

Una manifestación masiva exigirá hoy en Bilbo el fin de los juicios y las sentencias políticas. Será la respuesta popular a las condenas a diez y ocho años de cárcel impuestas por la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta. Entre los convocantes figuran la izquierda abertzale, EA, Aralar, Alternatiba y la mayoría sindical, así como numerosos organismos.

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La cita es a las 17.00 en La Casilla. El objetivo: acabar con los juicios y las condenas políticas, como la que la Audiencia Nacional española acaba de dictar en el llamado «caso Bateragune», y al mismo tiempo reclamar una salida democrática al conflicto. La convocatoria parte de fuerzas políticas, sindicales y sociales que apuestan por la normalización política y democrática del país. La previsión apunta a que la movilización será nuevamente masiva, como lo fue la pasada semana en Donostia en defensa de los derechos de los presos y como lo ha sido anteriormente en Bilbo en convocatorias de un corte similar.

La izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, LAB, STEE-EILAS, ESK, Hiru y EHNE, así como de diversos agentes sociales -Lokarri, Esait, EHBE, EHE, Behatokia, Gazte Abertzaleak, IA, TAT, Bai Euskal Herriari- han convocado esta manifestación con el lema «Epaiketarik ez, zigorrik ez, eskubide guztiak guztiontzat/ No más juicios, no más condenas, todos los derechos para todas y todos», con el fin de denunciar la sentencia que condenó a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez a diez y a ocho años de cárcel bajo la acusación de «pertenencia a organización terrorista».

En opinión de los convocantes, la decisión de la Audiencia Nacional supone «un anacronismo en el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria» y se sitúa «fuera de la realidad política y social». «Se trata -han subrayado- de una decisión totalmente opuesta a la voluntad mayoritaria de las vascas y los vascos, en dirección contraria a lo que la nueva fase política requiere».

Consideran que el hecho de que «líderes políticos que representan política e ideológicamente a miles de personas, y que han jugado un papel importante en el proceso democrático abierto», hayan sido encarcelados, juzgados y condenados supone «además de una injusticia, una condena para el mismo proceso y para miles y miles de personas que se sienten representadas en su voz».

Durante la semana se han sumado al llamamiento el sindicato ELA -cuyos secretario general se mostró especialmente dolido por la condena y por cómo había transcurrido el juicio- y otros organismos sociales como la plataforma Eleak.

También la CGT de Nafarroa ha mostrado su crítica a la sentencia y a la «obstinación de unos tribunales alejados de toda realidad social»

«Decepción» del GIC

Esta sentencia condenatoria ha estado también entre los puntos que los componentes del Grupo Internacional de Contacto, puesto en marcha por Brian Currin, han analizado durante su reciente estancia en Euskal Herria. Antes de concluir su visita, dejaron constancia de que el fallo constituye una «noticia decepcionante. El GIC, respetando el debido proceso judicial, espera con preocupación la futura evolución del proceso de apelación». Esta idea de «decepción» fue subrayada ayer por Paul Ríos, coordinador de Lokarri y persona que sigue muy de cerca los trabajos del GIC.

Frente a todos los apoyos que ha recibido la convocatoria de hoy se sitúa el PNV que, aunque denuncia y critica la condena, considera que la manifestación constituye un acto preelectoral de las formaciones que van a constituir una alianza abertzale.

Crítica a Mendia por desfigurar la realidad del conflicto

La izquierda abertzale salió ayer al paso de la afirmación de la portavoz del Gobierno de Lakua de que «el origen de toda la violencia es ETA». En una nota, acusa a Idoia Mendia y al PSE de «ocultar la existencia de múltiples sufrimientos, que aún hoy perviven, para intentar negar la existencia de un conflicto político histórico basado en la negación violenta que el Estado español realiza de Euskal Herria y del derecho que a su ciudadanía le corresponde para determinar su futuro».

La izquierda abertzale señala que el Gobierno «de Ares y López» se muestra alejado de una sociedad que exige a todos pasos para la normalización política, siendo un obstáculo para su consecución.

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