Ha cambiado el discurso, pero la persecución contra activistas sociales o defensores de los derechos humanos en Colombia continúa o incluso se ha agravado. El cambio de presidente no ha aliviado el hostigamiento, según explica Jamileth Vargas González, abogada del Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) y familiar de una de las víctima de la conocida como la masacre de Trujillo, en Colombia.

El nuevo presidente, Juan Manuel Santos, «empezó diciendo que iba a proteger a los defensores de los derechos humanos, pero la criminalización continúa en Colombia», asegura. A pesar del cambio de imagen que Santos se esfuerza en transmitir, siguen vigentes los grupos paramilitares. «El nuevo gobierno los ha denominado bandas criminales pero son las mismas estructuras paramilitares de siempre que siguen actuando bajo el auspicio y la connivencia del Estado colombiano», señala Janileth Vargas.

La desmovilización de las fuerzas paramilitares que se anunció en su día es, a su juicio, «un montaje del Estado». Además de las pocas sentencias firmes -dos- las estructuras se mantienen. «Ahora se denominan bandas criminales bajo diferentes nombres, «rastrojos», «águilas negras»... pero no son más que las mismas estructuras paramilitares que actúan en todo el país», explica.

El último informe del Movice señala que en el primer semestre del año 2011, ya con Juan Manuel Santos, las cifras de los distintos métodos de persecución del movimiento de derechos humanos aumentaron respecto al primer semestre de 2010, cuando aún era presidente Uribe. «Desde la constitución del movimiento de víctimas en 2005, tenemos 314 casos de victimizaciones de los cuales 85 han sido durante el primer año de mandato de Santos. La situación sigue igual», señala.

Para ofrecer una imagen diferenciada de Uribe, Santos llegó a referirse a un pasado sindicalista, -en un país en el que los sindicalistas eran matados por cientos- y abanderó el discurso de defender los derechos humanos e incluso hacer una ley de víctimas. Pero las propias víctimas destacan que no se les consultó para elaborar esta ley, que además «carece de garantías para los procesos jurídicos o la reparación integral, y no aborda el desmantelamiento real de las estructuras paramilitares». También señala Vargas que el Gobierno ha mantenido discursos de querer negociar con los grupos insurgentes, «pero lo primero que hizo fue bombardear un campamento de las FARC. Sigue la militarización de la vida civil».

Hay que tener en cuenta que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa con Alvaro Uribe. Fue la época en que más «falsos positivos» se cometieron -ejecuciones extrajudiciales de campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros-. Estas prácticas, que venían de atrás, se acentuaron bajo el mandato de Santos, con el ofrecimiento de recompensas a los militares por cada guerrillero abatido en combate. Las escasas condenas no superan el rango de tienente, según Movice, «y en ningún momento se dice que obedece a una estrategia del Estado para acabar con los movimientos sociales, sino que lo manejan como un hecho aislado, la oveja que salió del rebaño».

«No ha cambiado mucho. Ha cambiado el discurso. Se ha mostrado mucho más amigo de los países vecinos, pero el tema de criminalizaciones y victimización continúa igual», insiste. Amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, la persecución continúa. El movimiento se creó en 2005 y trabaja por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, con audiencias donde la gente da su testimonio y hace denuncias públicas, procesos jurídicos, plantes, marchas y manifestaciones para hacer visible lo que está pasando. El trabajo supone que sus militantes sean, a su vez, perseguidos. Al propio portavoz del Movice, el parlamentario Ivan Cepeda Castro, le amenaza un plan para matarlo.

«En Colombia hay un 99% de impunidad», recuerda Vargas, que señala la importancia del acompañamiento internacional en sus actividades.

La abogada indica la dificultad de que se conozca esta situación en un país en el que la familia Santos es dueña de la editorial El Tiempo, -socio del grupo Planeta-con canales de televisión, radio y periódicos, que ofrecen «un discurso de que el presidente quiere ayudar a la gente».

Multinacionales y paramilitares

Vargas ha llegado a Euskal Herria acompañada por miembros del IPO (International Peace Observatory-Observatorio Internacional de Paz), que lleva a cabo labores de apoyo y acompañamiento a los miembros del Movice. Arnau Carné i Sala, uno de sus miembros, destaca la responsabilidad del Estado español en la situación de Colombia.

Recuerda el desembarco de las multinacionales españolas en Latinoamérica en general, aprovechando la ola de privatizaciones. En el caso de Colombia, el Estado español llega a ser uno de los principales países de inversión extranjera, desde BBVA o Santander, a Telefónica, Endesa, Gas Natural, o Repsol. «Muchas veces detrás de las prácticas de las multinacionales está el terrorismo de Estado», denuncia. «Que Colombia haya sido un país de los que da más facilidades para entrar se debe precisamente al debilitamiento del movimiento sindical, que ha sido masacrado por el paramilitarismo», indica Carné i Sala.

El caso de Repsol es paradigmático. En la zona de Arauca, muy castigada por el paramilitarismo, tras la actuación de los paramilitares aparecen las petroleras, entre ellas Repsol. «Se da una relación muy estrecha entre las multinacionales españolas y el terrorismo de Estado. Tanto el Estado español como la UE dan la imagen de que la intervención internacional en Colombia es en defensa de los derechos humanos. Pero nos encontramos con que el principal interés es el de las multinacionales», señala.