Los tres grandes partidos británicos, los conservadores, los liberales y los laboristas, apuestan firmemente por una nueva línea de alta velocidad que una Londres primero con Birmingham y luego con Leeds y Manchester. Los argumentos esgrimidos para defender las nuevas líneas de alta velocidad, denominadas HS2, resultan calcados de los escuchados a este lado del Canal de la Mancha: se trata de una obra icónica que representa la Gran Bretaña del futuro, traerá prosperidad a áreas pauperizadas como el norte de Inglaterra, dinamizará la economía al unir esas zonas con la capital en tiempo récord, el tren es el medio de transporte que menos emisiones de CO2 provoca... De igual modo, el resto de proyectos similares que se están desarrollando en Europa y el mundo, aunque varios de ellos estén paralizados como consecuencia de la crisis -como ocurre en Portugal o en ciertas líneas en los estados español y francés-, sirven para afianzar la idea de que «perder este tren» supone quedarse a la cola de los países avanzados.

Su única pega parece ser el alto precio de las obras, algo difícil de sostener en un momento en el que se están aplicando duros recortes en áreas tan sensibles como la educación, los servicios sociales o la sanidad. Pero eso no evita que la coalición en el Gobierno y el principal partido de la oposición consideren el HS2 un proyecto estratégico.

Hasta hace poco, la oposición al HS2 provenía mayormente de las filas de los verdes y de plataformas locales. Los dirigentes políticos podían despreciar esas críticas planteando que se trataba de extremistas anti-progreso o de un fenómeno «nimby», acrónimo de «not in my back yard» que significa algo así como «no en mi patio», es decir, gente que se opone a un proyecto porque le afecta directamente pero que no tendría problema si las vías pasasen por los terrenos del vecino. Sin embargo, en su edición del 3 de setiembre, la revista «The Economist» publicaba un reportaje titulado «Railroad to nowhere» -«Ferrocarril a ningún sitio»- en el que ponía en duda la viabilidad y la rentabilidad del tren de alta velocidad, y editorializaba pidiendo a los grandes partidos y a las instituciones que paralizasen el proyecto.

Los argumentos utilizados por la revista de referencia en los círculos más neoliberales resultaban demoledores: es mentira que las nuevas líneas sirvan para regenerar las regiones del norte, sólo lograrán aportar económicamente a Londres, tal y como ha ocurrido por ejemplo con París y el TGV; de hecho, muchas de esas áreas tendrán peor servicio de transporte que el que tienen actualmente; el presupuesto es tan grande que difícilmente se podrá rentabilizar; en consecuencia, los precios resultantes serán tan caros que los billetes sólo estarán al alcance de unos pocos -algo que ya sucede actualmente con la línea que une Londres y París a través del Eurotunel-; y, por último, existen alternativas más baratas y efectivas, como la mejora de las líneas actualmente existentes o del sistema de señales, pero esas opciones no resultan tan efectistas de cara al electorado. El final del editorial -gráficamente titulado «The great train robbery», en referencia al mayor robo de la historia de Gran Bretaña- resultaba clarificador: «Otros países deberían también reconsiderar los planes para expandir o introducir este tipo de líneas. Un buen esquema de infraestructuras tiene una larga vida. Pero uno malo puede hacer descarrilar tanto las finanzas públicas como las ambiciones de desarrollo de un país».

La revista decana de la prensa económica no es la única que ha criticado el proyecto de alta velocidad desde postulados liberales. El lobby The Taxpayers' Alliance (TPA), creado para presionar en favor de una política de impuestos bajos y contra el despilfarro público, ha realizado diferentes estudios, tanto demoscópicos como económicos, que minan la viabilidad de las nuevas líneas ferroviarias tal y como están contempladas.

Las encuestas promovidas entre otros por TPA concluyen que, por mucho que los grandes partidos la sostengan, la línea HS2 tiene una fuerte oposición social, que además es mayor según se pregunta más al norte, donde supuestamente están los máximos beneficiarios del proyecto. Así, en junio pasado un 48% de los encuestados defendían cortar fondos a la HS2, frente a un 34% que mantenían la necesidad de esa inversión. Esa oposición al proyecto crecía hasta el 59% en Escocia, y tan sólo los habitantes de Londres apoyaban mayoritariamente el proyecto, con un 41% a favor de mantener la infraestructura frente a un 37% que defendía parar el proyecto.

Por otro lado, un informe económico realizado por este lobby de derechas defiende que el presupuesto estimado por las autoridades es mucho menor que el coste final del proyecto. Si el presupuesto inicial (que en total ronda los 32 millardos de libras, más de 36.000 millones de euros) contempla que 17,1 millardos de libras -cerca de 20.000 millones de euros- saldrán de las arcas públicas, TPA sostiene que de llevarse a cabo el HS2 esa cifra se dispararía hasta los 45,5 millardos de libras. Las razones son que el proyecto no contempla infraestructuras accesorias que serán necesarias para cumplir lo prometido por el Gobierno, lo cual dispara los gastos, y que por el contrario los beneficios han sido calculados al alza.

Por todo ello, TPA ha lanzado una campaña bajo el lema «¿Por qué el Gobierno recorta servicios a los viajeros comunes para posibilitar un tren para gente rica?». Una visión populista a la que no han tardado en acercarse varios políticos derechistas.

Pero no se trata sólo de oportunistas. Por ejemplo, la RAC Foundation, una organización benéfica dedicada a la movilidad y sostenibilidad en el transporte por carreteras, ha criticado que los estudios sobre estas líneas ferroviarias ofrecen un ratio de potencial rentabilidad muy bajo, que en cualquier otro proyecto viario supondría la paralización del mismo.

Evidentemente, los ecologistas, decenas de asociaciones locales y algunos políticos de izquierda como el candidato laborista a la Alcaldía de Londres, Ken Livingstone, también están en contra del HS2. Sus razones son diferentes, pero si algo han dejado claro los activistas de derechas en sus campañas es que, para ganar esta batalla, todo argumento que sume una voluntad tiene valor.