El lehendakari, Patxi López, anunció ayer una reducción de los gastos corrientes y de las subvenciones, así como el aplazamiento a otros ejercicios de los gastos «no urgentes», con lo de arbitrario que tiene esa afirmación, para hacer frente a una crisis que ahoga las arcas públicas. La víspera, su homóloga del Ejecutivo navarro, Yolanda Barcina, anunció el mayor recorte del gasto en la historia del herrialde, del que no se salvará ningún departamento. En ambos casos, los gobiernos no han dudado en aplicar contundentes medidas de reducción del gasto, como primer paso y medida principal contra la crisis, mientras que el ámbito de los ingresos, el de la recaudación, queda desatendido. Porque, si bien López esbozó ciertas propuestas en materia fiscal, lo cierto es que después de cuatro años de crisis las instituciones apenas han adoptado medidas en la política de ingresos -así se lo reprochó ayer la oposición a Barcina-, al objeto de que aquellos que más tienen tributen en su justa medida o para remediar un problema, el del fraude fiscal, que desangra las cuentas públicas.

La reducción del gasto se ha convertido en el recurso fácil de los gobiernos, pese a afectar a los servicios públicos y al conjunto de la población, mientras que la política de ingresos, el debate fiscal, se pierde en rifirrafes estériles y propuestas que no acaban de ser reales.