El organismo creado en el Estado Francés para vigilar y sancionar las denominadas descargas ilegales en Internet, Hadopi, ha detectado en sus 18 meses de existencia 22 millones de infracciones. Esto dará lugar a «una veintena» de procedimientos judiciales, según aseguró ayer la presidenta del organismo, Marie Françoise Marais, en una entrevista publicada por «Le Monde» donde recordó que el procedimiento prevé tres avisos por correo electrónico para los infractores, y en el último la precisión de que el caso se denunciará ante la Fiscalía.

El proceso de persecución a usuarios de Internet puesto en marcha por París puede terminar con una multa de 1.500 euros y la suspensión de un mes como máximo de la conexión a internet. Marais relató que de los 22 millones de posibles descargas ilegales detectadas, Hadopi pidió a los servidores de internet que le identificaran 1,4 millones de direcciones IP, aunque sólo se envió un primer correo electrónico a 580.000.

Tras la gestión de los retornos de primera advertencia, este organismo volvió a mandar un segundo mensaje a 35.000 internautas y ahora pasará a la tercera fase y calcula que se trasladarán a la Justicia «una veintena» de dosieres.

Un 76 % de las personas que se ponen en contacto con ellos por haber recibido una advertencia piden que se detallen las obras que supuestamente se descargaron y, el 24% restante afirma no entender qué ha pasado o creen que les han pirateado su wifi por no estar protegido o porque alguien ha franqueado la seguridad del código secreto. En cualquier caso, destacó que con la acción de Hadopi «hay un cambio de los comportamientos, que se reorientan hacia la oferta legal», aunque «queda mucho por progresar, sobre todo en el cine».

Sólo lo apoya Sarkozy

También subrayó que su misión no se limita a la llamada «respuesta graduada» -el envío sucesivo de los tres correos de advertencia- y que su objetivo es «dar una visión global de internet desde el punto de vista tecnológico, sociológico, filosófico», que muchos interpretan como la imposición de los intereses de las grandes corporaciones de la industria cultural.

Lo cierto es que esta iniciativa punitiva puede tener sus días contados. De entre los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año, sólo el actual jefe de Estado, Nicolas Sarkozy, es favorable a mantener Hadopi. Marais, que maneja un presupuesto de 13,79 millones de euros y cuenta con 59 empleados dedicados a vigilar el uso de internet de los franceses, cree que «lo peor sería volver» a la situación anterior.