Como ocurriera en el Pleno de Política General del Parlamento de Gasteiz del pasado año, en el que Patxi López resultó atropellado por el acuerdo del Gobierno español con el PNV sobre políticas de empleo, ayer le ocurrió otro tanto, en esta ocasión por los acontecimientos recientes, entre los que destaca la adhesión del Colectivo de Presos Políticos Vascos al Acuerdo de Gernika. Aún así, las declaraciones del lehendakari referidas a la política penitenciaria y a la legalización de formaciones políticas resultan novedosas, «inéditas» cabría decir.

Hasta este momento el Gobierno español y sus representantes en Euskal Herria han hecho gala de un inmovilismo difícilmente sostenible y cada vez menos creíble. Por eso, la propuesta de López de que su «gran acuerdo para la concordia» incluya el acercamiento de presos y la legalización de los partidos que «asumen el cumplimiento de la legalidad» merece una valoración positiva en tanto en cuanto supondría cierta voluntad de avanzar en la dirección de las demandas de la mayoría de la sociedad vasca. Sin embargo, no conviene olvidar que ese paso consiste en algo que hace tiempo deberían haber llevado a cabo simplemente como consecuencia de cumplir su propia ley. Por tanto, el respeto de los derechos de los prisioneros vascos no se puede entender como un gesto magnánimo por parte del Estado, y otro tanto se puede decir de la legalización de todas las opciones políticas, pues existe un partido que cumple todos los requisitos legales pero, por iniciativa del Gobierno del partido de López, se le mantiene fuera de la ley.

En ese sentido, resulta comprensible que se señale la «insuficiencia» de esta declaración, en respuesta directa a ese latiguillo paternalista tan utilizado entre otros por el propio López. Pero el tiempo de poner tareas al resto ha terminado. La sociedad vasca valorará lo que aporte cada uno para abrir este ilusionante escenario y los actores principales de este momento político serán evaluados por lo que hagan, no por lo que quisieron decir.