Movimientos en el escenario político vasco
El TC no prevé decidir sobre Sortu a tiempo de que el 20N participe en igualdad
Ni la defensa de Sortu tiene respuesta alguna a su petición para que el Constitucional decidiera sobre su registro a tiempo para las elecciones del 20N, ni ese tribunal tiene previsión alguna de abordar el tema esta semana, según han manifestado a este diario desde ambas partes. El plazo para la inscripción de coaliciones finaliza este viernes. Entre tanto, lo que sí hay son movimientos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo contra Bildu y Amaiur.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La defensa de Sortu pidió el pasado 21 de setiembre al Tribunal Constitucional que resolviera el recurso planteado sobre su legalización a tiempo de garantizar que la nueva formación pudiera concurrir en igualdad de condiciones a los comicios del 20 de noviembre. Esto suponía que la decisión se debía hacer pública a principios de esta semana para que Sortu pudiera tener, como el resto de partidos, la posibilidad de presentarse en coalición. El viernes, 7 de octubre, se cierra el plazo para comunicar a la Junta Electoral la creación de coaliciones.
Los abogados que asumieron la defensa de Sortu, Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, no tenían ayer ninguna comunicación ni respuesta del Tribunal Constitucional a su petición, según manifestaron a este diario. Y fuentes oficiales del propio Tribunal señalaron a GARA que no está prevista ninguna reunión que pudiera abordar la cuestión, al menos «de momento». De hecho, la Sala Segunda, que preside Eugenio Gay y que es la encargada de analizar el caso, mantuvo un encuentro el pasado lunes, 26 de setiembre, en el que no se debatió el caso, y no tiene una nueva cita hasta la próxima semana.
La defensa de Sortu recurrió el 18 de mayo ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de prohibir su inscripción en el Registro de Partidos. El recurso fue remitido a las partes, que tuvieron de plazo hasta el 22 de setiembre para presentar sus alegaciones.
En el escrito presentado por la defensa, los abogados Adolfo Araiz e Iñigo Iruin sostienen que, para que su recurso tenga «plena efectividad», la resolución debe conocerse mientras están abiertas todas las opciones electorales para Sortu, incluida la formación de una coalición. Recuerdan que si el TC concede su amparo en fechas posteriores y Sortu no puede presentarse a las elecciones, el daño causado sería irreparable y el perjuicio ocasionado al partido haría perder en parte la propia finalidad del recurso.
De haber querido hacerlo, el Tribunal Constitucional tenía tiempo suficiente para tomar una decisión, puesto que en los recursos electorales suele trabajar con plazos más breves, como ocurrió con Bildu.
La decisión de permitir a Bildu presentarse a las elecciones municipales y forales dio lugar a una dura campaña de desprestigio contra los miembros del tribunal que votaron a su favor, que en algunos medios llegó a graves acusaciones e incluso insultos personales.
En el caso de Sortu, las posiciones de las partes son muy similares a las que se produjeron entonces. El Tribunal Supremo, en su auto de marzo, y la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, en sus alegaciones actuales, sostienen la teoría de que «todo es ETA» para defender la no legalización.
El Tribunal Constitucional no tiene ningún plazo legal para resolver el recurso presentado por Sortu contra el auto de la Sala del 61 del Supremo que prohibía su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. Algunos medios habían avanzado que adoptaría alguna resolución antes de las elecciones del 20 de noviembre y del cambio de gobierno al que darán lugar en el Estado español, aunque sin permitir que la formación de la izquierda abertzale tuviera presencia legal en los comicios.
«Contaminación»
Según declaraciones efectuadas por los impulsores de Amaiur, de haber sido legalizada a tiempo, Sortu hubiera tenido abiertas las puertas de la coalición, formada por EA, Aralar, Alternatiba y la izquierda abertzale.
Y, precisamente ayer, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, anunció que remitirá un escrito a las autoridades judiciales y gubernamentales denunciando que tanto Bildu, como Amaiur, son «un instrumento de la estrategia de Batasuna-ETA» y pidiéndoles que actúen «en atención a un anhelo de justicia».
La presidenta de la fundación, Maite Pagazaurtundua, realizó estas declaraciones en la presentación del primer informe del denominado Observatorio contra la Impunidad y que ha hecho un exhaustivo seguimiento de la actividad de Bildu.
Según recoge la agencia Efe, Pagazaurtundua afirmó que si Bildu está contaminada por la estrategia de Batasuna-ETA, Amaiur está también contaminada, como si se tratara de «unas muñecas rusas», en las que al abrir la última cajita todo lo que sale es «el hacha y la serpiente, el símbolo de ETA».
Para justificar sus afirmaciones, la Fundación de Víctimas del Terrorismo presentó el llamado «Primer informe del Observatorio contra la Impunidad», cuyas bases son supuestos «homenajes» a presos políticos realizados en ayuntamientos vascos, la contratación como cargos públicos o asesores de personas «de la antigua Batasuna» y el no haber apoyado mociones de condena a ETA o no haber condenado a la organización armada en entrevistas.
Recopilación de prensa
El informe es, en realidad, un conglomerado de noticias aparecidas en periódicos españoles, sin ningún tipo de relevancia penal ni judicial. Por ejemplo, la FVT considera «homenajes a ETA» que el 24 de junio «Bildu toma el poder en la Diputación de Guipúzcoa equiparando víctimas y terroristas» -lo que, por cierto, es un juicio, no una descripción de lo ocurrido- o que hubiera miembros de Etxerat en la balconada durante la bajada de Celedón o la manifestación en Bilbo del 26 de agosto con el lema «No a las imposiciones, somos una nación».
Toda reivindicación de los derechos de los presos o de denuncia de su situación, así como declaraciones públicas de Martin Garitano y Pello Urizar que no satisfacen a la FVT, se incluyen en el mencionado «informe».
En cuanto a los «16 destacados miembros de Batasuna que han sido fichados como altos cargos, asesores o personal de confianza en las instituciones presididas por Bildu» hay citas como la de un contratado en el Ayuntamiento de Gasteiz cuyo historial «delictivo» es el siguientes según la propia FVT: «Ha participado en varias concentraciones contra el Tren de Alta Velocidad y en otros actos convocados por la plataforma Gelditu. Cooperó en pegar carteles de la ilegalizada Plataforma D3M en Vitoria. También participó en un mitin convocado por Iniciativa Internacional en Vitoria. En ocasiones ha participado en ruedas de prensa de la Izquierda Abertzale de Vitoria para recordar el trabajo que están haciendo a favor de la ciudad».
El informe, según anunció ayer la FVT, se remitirá junto con una carta a los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la Audiencia Nacional, los ministros de Interior y Justicia, el presidente del Gobierno, al Congreso y el Senado, los partidos políticos y los máximos representantes de las instituciones autonómicas de la CAV y de Nafarroa para pedirles que evalúen los datos y actúen en consecuencia.
Cabe destacar que la Fundación de Víctimas del Terrorismo es una organización semipública, nacida del Pacto PP-PSOE de 2002, que tiene el amparo gubernamental, agrupa a diversas asociaciones de víctimas y cuenta además con el apoyo y la financiación de una veintena de las mayores empresas del Estado español.
Aviso al PP
En el mismo acto de presentación del informe de ayer, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, miembro también de la Fundación, comenzó a marcar la actuación del PP de cara a los próximos meses.
Ante el debate que se ha abierto en relación con la política penitenciaria y los derechos de los presos, Portero afirmó que «el próximo Gobierno que esté en nuestro país liderando la lucha antiterrorista tiene un dilema muy importante que resolver. Tiene que poner sobre la mesa que por no acercar a los presos de ETA se asesinó a Miguel Angel Blanco, por no acercar a los presos de ETA se secuestró a Ortega Lara».
El viernes, 7 de octubre, es la fecha límite para que las coaliciones de partidos comuniquen a la Junta Electoral pertinente la denominación de la lista, las normas de funcionamiento interno y los nombres de sus representantes.
Los gobiernos de Lakua y de Iruñea, los dirigentes del PP y los del PNV... todos coincidieron ayer en pedir que se deje de hablar tanto de los movimientos que se han sucedido durante la pasada semana en el escenario político vasco para «no hacer la campaña a ETA» o a «los radicales abertzales», según quien fuera el autor de las declaraciones. En contradicción con sus propias palabras, todos ellos hablaron de esos hechos y contribuyeron a generar no pocos titulares a lo largo del día. Además, ayudaron a trasmitir la idea de que los movimientos que se han dado son positivos y que, además, la ciudadanía percibe que los propicia la izquierda abertzale. I.I.
Durante la inauguración del año judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, su presidente, Juan Luis Ibarra, habló de «una futura convivencia en paz social», para destacar que el Tribunal Supremo y el Constitucional «han dedicado un enorme esfuerzo de argumentación jurídica en orden a hacer efectivos la garantía y los límites de la libertad de asociación política y del derecho fundamental a la participación política». Un esfuerzo que, a su juicio, se ha traducido en «un buen derecho y una excelente jurisprudencia, revalidada repetidamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
En el mismo acto, el fiscal superior del TSJPV, Juan Ramón Calparsoro, se dirigió a los militantes de ETA para pedirles que «seáis valientes, que aceptéis la realidad democrática y plural de este pueblo. Disolveos, pedid perdón a las víctimas y a este país por el enorme daño que habéis causado y decid definitivamente que ya está bien». «Sé que es difícil -añadió-, que tenéis que tener mucho valor para ello, para cambiar de vida, para dejar la clandestinidad, para mirar a las víctimas a la cara y pedirles perdón. Pero todos os lo estamos pidiendo a gritos». Al mismo tiempo, aseguró que la Justicia «sabrá reconoceros el paso» y «sabrá ser generosa para comenzar de nuevo a construir una sociedad justa, libre y plenamente democrática, donde todos quepamos, también vosotros».
Al acto acudió también Patxi López, primer lehendakari que participa en una apertura del año judicial. En su discurso incluyó el mensaje de que «estamos acariciando el final de la pesadilla etarra». Y apuntó que «la democracia ha vencido al terror. Aunque aún persisten ciertas anormalidades inaceptables en democracia, como que parte de la oposición tenga que ir aún escoltada o que nuestros jueces y fiscales estén en esa misma situación». Nerea GOTI
