El entramado institucional de la CAV tira millones en duplicidades e ineficiencias
Con cuatro niveles de administración pública actuando sobre un territorio de 7.234 km2 y apenas 2,2 millones de habitantes, el entramado institucional de la CAV da lugar a duplicidades e ineficiencias que acaban saliendo caras a la ciudadanía. El Gobierno de Lakua ha remitido un informe al Parlamento de Gasteiz en el que cifra en 403 millones de euros los gastos que asumen las instituciones en competencias que no le corresponden según la legislación.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
¿Es posible que en la Comunidad Autónoma Vasca haya 21 órganos directivos y 20 órganos de gestión desarrollando políticas de medio ambiente? ¿Y que se cuenten hasta 17 estructuras públicas dedicadas a la compra de suelo y promoción y gestión de viviendas? ¿Es posible que ni siquiera se pueda conocer el número total de policías municipales existentes en un territorio tan pequeño? Pues todo esto ocurre si se atiende al «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas» del que ayer dio cuenta el Gobierno de Lakua.
El pasado 3 de febrero, el Parlamento de Gasteiz pidió al Ejecutivo la elaboración de este informe al mismo tiempo que, significativamente, rechazaba iniciar una reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH). La Cámara demandó que el documento le fuera remitido en seis meses y ya llega con dos de retraso.
El informe, que no ha incluido a la Administración estatal, ha sido dirigido por Lehendakaritza y ha contado con el apoyo técnico para su realización de las empresas consultoras Deloitte y Everis. Por un lado se revisó la legislación existente y por otro se realizó un proceso de chequeo y contraste con el Gobierno, algunos ayuntamientos elegidos y Eudel. La nota de prensa deja constancia de que ni la Diputación de Araba ni la de Bizkaia participaron en dicho proceso, desarrollado en mayo, alegando la inmediatez de las elecciones. La de Gipuzkoa sólo respondió a una cuestionario sobre transportes. Las tres estaban entonces en manos del PNV.
El servicio público
El término «duplicidades» se refiere a actuaciones que lleva a cabo una administración sin tener competencias para ello. La mitad de todas las duplicidades son achacables a las diputaciones; un 30%, a Lakua y el 20% restante, a los ayuntamientos analizados.
Las políticas de impulso económico (31%), servicios sociales (28%), empleo y formación (17%) y transportes (17%), copan las duplicidades detectadas.
El informe atribuye estas duplicidades a defectos de la propia legislación, pero también a que el servicio público se concibe desde el punto de vista de quién lo hace y no desde el punto de vista de la ciudadanía que debe recibirlo.
Un dato llamativo es que el informe cifra en 403 millones el importe de las duplicidades que se han identificado. Una cantidad equivalente al gasto social anual del Gobierno autonómico o al presupuesto consolidado de este año del Ayuntamiento de Donostia.
Pero desde Lehendakaritza aclaran que «no significa que podamos ahorrar directamente esa cantidad. Habrá parte que se pueda ahorrar y parte que tendrá que asumir la administración competente en la materia (y dejar de asumir la que está llevando esa actuación sin competencia)».
Ineficiencias
Además de las duplicidades, el informe aborda también las ineficiencias, aquellas cosas que cada institución hace por su cuenta sin contar con el resto, de forma que aunque se tenga competencia para ello, provoca que se multipliquen las estructuras administrativas y agencias para una misma materia. Esto provoca que no se haga un uso eficiente de los recursos
Por ejemplo, en la CAV hay tres aeropuertos -lo que ya de por sí es un récord europeo-, pero es que además cada uno tiene una sociedad pública diferente para su promoción. En materia de asuntos sociales, el diseño de servicios entre tantas administraciones alarga plazos, lo encarece y afecta a la asignación de recursos suficientes.
Todo ello acaba retardando, lastrando y encareciendo el sistema institucional.
El estudio dirigido por Lehendakaritza no ha abordado la incidencia que tiene la Administración estatal en las ineficiencias y duplicidades que se dan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Que el importe cuantificado del coste de las duplicidades sea de 403 millones no significa que acabar con ellas supondría que se ahorraría esa cantidad. Habría parte que se tendría que seguir asumiendo, pero por la administración competente.
El informe remitido por el Gobierno de Lakua a la Cámara es una petición del propio Parlamento que debería abordarlo cuanto antes. Pero vistas lo agudizadas que están algunas susceptibilidades forales, tampoco es descartable que acabe en el cajón a la espera de otros tiempos. Quizá la dureza de la crisis económica ayude a que los partidos se tomen la cuestión en serio.
Probablemente habrá datos del informe que puedan ser cuestionados por el resto de instituciones, pero existe una conciencia mayoritaria en los propios grupos parlamentarios de que algo hay que hacer porque el retrato que dibuja el estudio obliga a tomárselo en serio, más allá de lo anecdótico.
En su discurso del Pleno de Política General del pasado jueves, el lehendakari, Patxi López, propuso a la Cámara que creara una ponencia para, después de las elecciones del 20N, abordar la cuestión en profundidad, con participación del conjunto de instituciones de expertos. Ningún grupo lo rechazó. Muchos reiteraron la necesidad de acabar con las duplicidades e ineficiencias, pero ya el PNV mostró su incomodidad alegando que López no había concretado ninguna de las disfunciones.
Del informe se deduce que hay instituciones, en ocasiones muchos ayuntamientos, que se ven forzados por la situación a ofrecer servicios para los que no son competentes. Pero también se observa que en otros casos, hay un afán institucional por crear estructuras con la idea de «que se vea que esto ya lo hago yo» y «más vale que sobre y no que falte», lo que puede llevar a que falte lo necesario. I.I.
