La situación de Ibon Iparragirre ha encendido todas las alarmas y la preocupación es patente entre aquellos que la conocen de primera mano. El estado de salud del prisionero vasco ha empeorado de forma ostensible en las últimas semanas y sus allegados temen incluso por su vida. De hecho, según explica su madre en esta páginas, una simple infección podría tener consecuencias fatales, dado su bajo nivel de defensas. Iparragirre, portador del virus VIH desde los 17 años, hacía vida normal, sin limitaciones, hasta su detención en enero del año pasado, pero a partir de su ingreso en prisión su estado ha ido decayendo de forma acelerada, y en su evolución en nada ha ayudado el régimen penitenciario al que ha sido sometido en este tiempo. Tampoco las torturas que sufrió durante la detención ni los obstáculos que le han puesto para ser atendido por su médico de confianza.

Este caso vuelve a sacar a la luz una realidad, el de las personas que permanecen encarceladas a pesar de padecer enfermedades graves e incurables, a la que los estados se niegan a dar solución y que es origen de situaciones tan dramáticas. Porque quienes diseñan y aplican la política penitenciaria insisten en tratar a los presos políticos vascos como rehenes, con la convicción de que así pueden condicionar el escenario político. No les importa siquiera el cumplimiento de su propia legalidad o la necesidad de responder a unos mínimos estándares en materia de derechos humanos. Es ese cálculo político el que mantiene encarcelados a Iparragirre y a otra decena de presos gravemente enfermos, así como a muchos más que siguiendo criterios estrictamente legales ya deberían estar en libertad. El que hace sufrir también a sus familiares.

En un momento en el que siguiendo la estela del proceso de soluciones abierto en este país la situación de los presos está en el centro del debate, y mientras representantes políticos e institucionales acuerdan el modo de dar respuesta a su situación, lo primero que deben hacer los mandatarios españoles, sin demora, es cumplir su legalidad y abandonar una política penitenciaria vengativa y cada vez más insostenible.