Los concentrados quisieron desplegar una pancarta con el lema «Marlaska, ¿incomunicar y torturar es justicia ética?». El motivo era que el juez del tribunal especial participaba en una mesa redonda del X Congreso Nacional de Bioética que se celebra estos días en Iruñea con una ponencia sobre la toma de decisiones en el ámbito de la justicia.

Los agentes de la Policía española no les dejaron desplegar la pancarta con el argumento de que la concentración había sido prohibida por la Delegación del Gobierno español. Finalmente, les permitieron mostrarla, pero por el lado en el que no estaba escrita. Un extraño gesto que parece indicar que la libertad de expresión no es uno de los valores que guían a la Administración del Estado español.

Pero Grande-Marlaska no pudo eludir la pregunta plasmada en la pancarta, ya que el abogado José Mari Compains -su hijo Eneko fue detenido en 2010 por orden de este juez y denunció torturas- aprovechó el turno de preguntas tras la ponencia para preguntarle directamente qué acciones concretas lleva a cabo para aplicar esos principios cuando los detenidos que comparecen en su despacho denuncian haber sido torturados.

El magistrado respondió puntualizando que su actuación no comienza cuando los detenidos comparecen ante él, sino que, desde el mismo momento del arresto, nada más decretar la incomunicación, envía a médicos forenses para que les visiten. Tras el traslado a Madrid, esta operación se repite, según aseguró Grande-Marlaska, «dos veces al día».

El juez añadió que cuando ha recibido peticiones del Ararteko o del Defensor del Pueblo para visitar a algún detenido, lo ha autorizado «aun estando incomunicado». Sin embargo, pasó de puntillas por el informe que el mismo Ararteko hizo público en enero en el que constataba que existen carencias en el sistema de garantías durante el periodo de incomunicación.

Organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) o el propio Relator de la ONU han manifestado repetidamente que la incomunicación es una medida que ampara la práctica de torturas y malos tratos, y han reclamado su abolición.

En cualquier caso, Grande-Marlaska dijo que él no es competente para actuar en casos de torturas, que corresponden al juez natural del lugar en el que se registraron y no a la Audiencia Nacional.

El juez añadió que para poner en marcha un procedimiento para que se investiguen las torturas tienen que existir «una mínima verosimilitud».

En este contexto, subrayó que trasladó al juez correspondiente la sospecha de que Igor Portu y Mattin Sarasola fueron torturados, ya que vio «algún elemento valorable como indicio». Un caso aislado entre los muchos ciudadanos vascos que han relatado torturas y malos tratos ante Grande-Marlaska y sus compañeros de la Audiencia Nacional durante las últimas décadas.