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La derecha ensaya en el Principat la represión del movimiento antirrecortes

Con el beneplácito de la Audiencia española, el Govern se ha cebado esta semana con los activistas del 15-M por los incidentes del 15 de junio en el Parlament, deteniendo improcedentemente a 16 de los imputados y enviando un mensaje contundente a aquellos que se oponen a los recortes.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

Por qué detener a diez personas si bastaba con entregarles la citación judicial? ¿Por qué retener ilegalmente a periodistas y abogados para arrestar a seis activistas que se estaban personando voluntariamente ante la Justicia? Uno de los abogados de los 22 imputados por los inci- dentes del 15 de Junio en el Parlament, Benet Salellas, no duda en señalar que es un acto para «criminalizar el movimiento 15-M y las personas que protestan contra los recortes sociales».

«Nada más lejos de la realidad», aseguró el conseller de Interior, Felip Puig, famoso por posar con un bate de beisbol en un acto público. De hecho, Puig tira pelotas fuera al señalar que la Policía catalana está actuando «a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco». Flagrante mentira, ya que, según fuentes judiciales citadas por el semanario La Directa, la Audiencia Nacional «nunca ordenó (expresamente) la detención de ninguna de las 22 personas identificadas». Las detenciones van por cuenta de la casa.

Las operaciones policiales están siendo tan desmesuradas que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha pedido explicaciones y ha convocado una reunión de urgencia para analizar los hechos sucedidos ayer en la Ciutat de la Justicia, cuando unos 50 agentes encapuchados entraron en la cafetería reteniendo a abogados, periodistas y todo el que estuviera allí. Todo para acabar deteniendo a seis imputados que se personaban voluntariamente en los juzgados. Hasta el Colegio de Abogados de Madrid presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por los mismos sucesos.

De hecho, tal y como adelantó GARA ayer, la defensa de los activistas está estudiando presentar una denuncia contra la Audiencia española por detención ilegal, ya que el juez Velasco permitió la actuación de los Mossos pese a ser conocedor de que los imputados se estaban personando para recibir la citación.

A Puig, que el mismo día de los incidentes pronunció la antológica frase de «qui la fa, la paga» (quien la hace, la paga), tampoco le sirve ahora esconder la mano, cuando ha trascendido que las detenciones estaban pactadas para que los detenidos no fuesen enviados a Madrid.

En total, son 46 los identificados en vídeos e imágenes del 15-J, aunque de momento los imputados son 22 y los detenidos 16, todos acusados de un delito «contra las instituciones del Estado», contemplado en el artículo 498 del Código Penal y castigado con penas de entre tres y cinco años de prisión.

No es extraño que más de uno vea un objetivo subyacente en semejante operación: Dar un castigo ejemplar a los imputados como aviso a navegantes contra marea, en este caso, contra los recortes. Así lo ha entendido el conjunto del 15-M que unánimemente ha denunciado el proceso «político-judicial», calificándolo de «intento de criminalización de la disidencia».

El Principat como laboratorio

El tiempo ha dado la razón a los convocantes de la movilización del 15-J: En Educación, las escuelas tienen que atender 21.000 nuevos alumnos con una media de dos profesores menos por centro, los servicios sociales se han reducido drásticamente y qué decir de la Sanidad, donde seis de los ocho grandes hospitales del Institut Català de la Salut (ICS) han convocado huelgas, porque simplemente, ya no pueden más.

Esta situación es consecuencia de los presupuestos más regresivos de la historia del Principat, aprobados aquel día de primavera por CiU y PP. Muchos vieron en ese pacto entre la derecha catalana y española un espejo donde mirar el futuro del resto del Estado, una vez se consume la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Este espejo se traslada ahora al ámbito represivo. No deja de ser curioso que el Govern, que no tiene problemas en criticar la Justicia española ante sentencias contra el Estatut o la inmersión lingüística, esté cómodo ante un proceso emprendido por un tribunal como la Audiencia española. Más aún, cuando en el inicio de todo el proceso se encuentra una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. La conclusión parece clara: A la hora de reprimir, la derecha es la derecha, sea catalana o sea española.

«Me sentí intimidada por la cámara de fotos»

Tres imputados pasaron ayer por la Audiencia española para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco, tras lo que quedaron en libertad sin fianza, pero con la obligación de presentarse cada 15 días en los juzgados. Los tres vieron los vídeos por los que están imputados y constataron que sí, que eran ellos, pero que en la imagen no tenían ninguna actitud violenta.

El momento más esperpéntico de la jornada se produjo cuando mostraron la grabación en base a la cual fue imputado uno de los activistas presentes, periodista de La Tele, una televisión libre y comunitaria. En las imágenes se veía al imputado con una cámara de vídeo en la mano, grabando la escena junto a otros periodistas. Al preguntar si con eso bastaba para ser imputado, el juez explicó que la acusación venía de la diputada de CiU Ana Isabel Marcos, que aseguró sentirse «intimidada por la cámara de fotos que llevaba». Resulta que ni siquiera se trataba de una cámara de fotos. B.Z.

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