CRISIS ECONÓMICA: POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Diputación no impulsará los proyectos que «han arruinado» a Gipuzkoa
Los cargos institucionales de Bildu aseguran que ni la repercusión de la crisis económica en las arcas públicas ni la «ruinosa gestión» heredada frenarán el «cambio político y social» que apoyó la ciudadanía en las elecciones de mayo.
Txisko FERNÁNDEZ | DONOSTIA
Los representantes institucionales de Bildu asumen que, durante la legislatura abierta con las elecciones del pasado mes de mayo, tendrán que realizar una complicada gestión motivada por la crisis económica global. Pero mantienen su compromiso por llevar adelante el «cambio político y social» que recibió un fuerte respaldo ciudadano en las elecciones del 22 de mayo.
Este planteamiento fue corroborado ayer tanto por los electos municipales de la coalición en el conjunto de Hego Euskal Herria como por la Diputación de Gipuzkoa. Los primeros lo hicieron en una comparecencia ante la prensa en Donostia, mientras que la institución foral emitió un comunicado en el que afirmaba de forma tajante que «no va a impulsar proyectos que han arruinado económicamente a todo el territorio».
Precisamente, los electos que ofrecieron la rueda de prensa comenzaron destacando la propuesta presentada por Martin Garitano el miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa para incrementar en un 1% la aportación de fondos forales a los ayuntamientos. «Esta decisión demuestra el respeto que Bildu tiene por el trabajo de los municipios y reconoce la importancia y el esfuerzo de los ayuntamientos», destacaron. Al mismo tiempo, instaron a «quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante la pospuesta Ley Municipal» a que realicen un esfuerzo por aprobar esa norma definitivamente «para dar a los ayuntamientos la seguridad que precisan, mediante la clarificación de las competencias».
Gasto absurdo
Mertxe Aizpurua, alcaldesa de Usurbil, y Aitor Ugarte, primer edil de Meñaka, fueron los encargados de exponer el análisis del conjunto de electos municipales de Bildu. Junto a ellos se encontraban Ibai Iriarte (Tolosa), Saioa Villanueva (Sopela), Iñaki Arrizabalaga (Zumaia), Juan Luis Illarramendi (Zarautz), Beñat Herce (Eskoriatza) y Aitor Etxarri (Leitza).
Por tanto, el foco no se centró en Gipuzkoa ni tampoco las razones del alarmante estado de las arcas públicas se quedaron en el marco global. «Quienes en los últimos años han ostentado responsabilidades institucionales tanto en las diputaciones como en los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, en lugar de colaborar a superar la crisis, han agravado las consecuencias de la misma», afirmaron. Y justificaron esa acusación señalando que «los responsables forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa han tenido como base de su política económica en los últimos años y décadas la construcción salvaje y las obras faraónicas. Esto se ha traducido en un gasto absurdo de recursos y en que las arcas forales se han vaciado».
La gravedad del diagnóstico realizado por Bildu no da lugar a dudas atendiendo a algunas de las frases que se escucharon en la comparecencia: «Han hecho desaparecer los recursos de la sociedad en las garras del mercado libre, porque todos los pasos dados para hacer frente a la crisis económica han carecido de la más mínima previsión»; «los ayuntamientos tienen cada vez menos recursos, justo en el momento en que tienen que atender a más necesidades»; «la consecuencia más grave de esta actuación es que han hipotecado el futuro a medio plazo».
¿Quién pierde?
Hicieron también hincapié en que «la receta» que pretenden imponer UPN, PNV y PP -por su responsabilidad al frente del Gobierno navarros y las diputaciones de Bizkaia y Araba- es la de «seguir por el mismo camino» y, así, «ahogar a los ayuntamientos con la excusa de que hay menos dinero».
En este punto recordaron que el Ejecutivo que preside Yolanda Barcina ha reducido en 11,7 millones de euros la aportación al Fondo de Transferencias Corrientes a Entidades Locales.
Frente a esa actuación y ante la posibilidad de que pueda reproducirse en Bizkaia y Araba, señalaron que Bildu «estará vigilante». E insistieron en poner de relieve «la acción política de quienes han realizado una pésima gestión, han errado en sus previsiones y han privatizado el futuro».
Y como Bildu no considera a los ayuntamientos como entes etéreos, afirmaron que con esas políticas «quienes pierden son los de siempre, las personas trabajadoras, los jóvenes, las mujeres, el colectivo de inmigrantes, los estudiantes...». Por ello, volvieron a aplaudir la iniciativa unilateral de la Diputación de Gipuzkoa de incrementar el dinero del que dispondrán los ayuntamientos en los próximos ejercicios, lo que, como indicaron, «demuestra que hay otra forma de gestionar el dinero público, también en tiempos de crisis, o más bien, sobre todo en tiempos de crisis».
Tras recordar que los servicios municipales son los más cercanos a la ciudadanía -entre otras cosas, porque son quienes atienden las necesidades de «las personas y familias que están sufriendo de manera más cruda las consecuencias de la crisis económica»-, ratificaron el «compromiso inequívoco» de todos los cargos institucionales de Bildu para «abordar el cambio desde la izquierda». «Y la gestión política de Bildu no sólo no va a propiciar recortes en los servicios básicos, sino que va a velar por su mantenimiento», concluyeron.
Superpuerto de Pasaia
Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa se centró en la declaración aprobada el mismo miércoles en las Juntas Generales a favor de impulsar el proyecto de puerto exterior en Jaizkibel con los votos de PNV, PSE y PP. En su comunicado, el ente foral afirmó que «no va a tropezar en la misma piedra en la que cayó el anterior ejecutivo de PNV y H1! de basar la economía guipuzcoana en macroproyectos de nula necesidad que casi arruinan la economía». «El planteamiento que hacen PNV, PP y PSE es inviable, y lo saben», manifestó, reprochando a esos partidos que «repiten los mismos errores» y priorizan «el despilfarro».
Recordó que «la ciudadanía de la zona de Pasaia, tras reflexionar, ya ha decidido que no quiere puerto exterior» y añadió que la Diputación seguirá ese camino a la hora de afrontar la regeneración de la bahía.
Como está haciendo en otros herrialdes, Bildu reunió a sus electos de Bizkaia ayer en Igorre (fueron cerca de 200) para fijar criterios sobre políticas fiscales y presupuestarias. Concejales y alcaldes de la coalición incidieron en la necesidad de lograr unos presupuestos participativos y en la de potenciar el aumento de los ingresos con otra fiscalidad.
Según indicó en una nota, «los cargos públicos de Bildu se comprometen a hacer frente a quienes, parapetándose detrás de la crisis, están haciendo una política económica y social regresiva y de derechas». Y, en concreto, plantea hacerlo convirtiendo la fiscalidad municipal en «herramienta que defienda los intereses de las personas en dificultades en estos tiempos de crisis económica».
Matiza que, no obstante, la recaudación es sólo el primer paso para la elaboración de los presupuestos, terreno en el que Bildu de Bizkaia apuesta por lograr cuentas «abiertas, transparentes y participativas» que sirvan para «afrontar las necesidades de la ciudadanía». GARA
La diputada foral de Servicios Sociales de la Diputación alavesa, Marta Alaña, anunció ayer que la política social establecida durante las pasadas legislaturas no es sostenible.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Araba, la diputada defendió la implicación de los usuarios en el pago de servicios prestados por la institución foral. En su opinión, la Diputación alavesa, en manos del PP desde el pasado 22 de mayo, se sustenta sobre un «modelo generoso» con los beneficiarios.
Según explicó Alaña, dicho modelo se traduce en una menor participación de las personas usuarias en la financiación de los servicios. Es más, ante el resto de formaciones presentes en la Comisión de Bienes Social, la responsable de dirigir las políticas sociales puestas en marcha en Araba recordó que los usuarios del herrialde son los que menos dinero aportan si se compara con Bizkaia y Gipuzkoa.
Por ello, desde el Ejecutivo de Javier De Andrés defienden el incremento en el coste de los servicios. Los dirigentes conservadores afirmaron que, «en caso de seguir así», el sistema actual de políticas sociales hará «crack».
Además, durante su intervención Alaña apostó por incrementar la aportación privada en la gestión de recursos públicos. En una gráfica presentada ante los políticos asistentes a la primera comisión del curso, la diputada trató de defender su propuesta alegando que en Araba el capital privado en la gestión de recursos se sitúa en torno al 40%, mientras que en el resto de herrialdes de la CAV el mismo porcentaje se eleva hasta el 70%.
Asimismo, como ya hizo hace unas semanas el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), la diputada de Servicios Sociales subrayó que la Diputación alavesa tiene que controlar lo que entiende como «efecto llamada» sobre la inmigración. A su parecer, ello se produce por una «disfunción normativa» que se traduce en la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos. Mientras que en algunas regiones del Estado español la media por persona no supera los 400 euros, en los tres herrialdes de la CAV la RGI por persona supera los 600 euros mensuales.
En materia contra el fraude social, Alaña se mostró partidaria de reforzar los cruces informáticos y el acceso a las diferentes bases de datos de las distintas instituciones y propuso afrontar una reforma normativa reguladora de algunas prestaciones. La diputada aseguró que dichas medidas tienen como objetivo «fortalecer» el sistema de inspección del fraude y ampliar sus competencias. GARA
