El número de desahucios sigue aumentando. Según los datos publicados ayer mismo por el Consejo General del Poder Judicial, hasta junio en Hego Euskal Herria se llevaron a cabo 989 desahucios. Jokin Txapartegi, abogado de EHNE Bizkaia en el caso de Kukullaga Goikoa, reclama la intervención pública y que se instaure un tipo de «vacaciones hipotecarias» mientras las dificultades económicas se mantienen para los afectados por los préstamos.

¿En qué situación se encuentra en estos momentos el proceso de desahucio de Kukullaga Goikoa?

En este momento, la situación es la siguiente: desde el punto de vista legal, está pendiente que el juez decida sobre la «Saca Foral». Los hijos de los baserritarras, como descendientes de propietarios de un baserri en suelo rústico, tienen el derecho histórico y genuino de los bizkaitarras por ser parientes tronqueros de reclamar preferentemente el baserri cuando pasa a un tercero ajeno. Si el juez falla a favor, los hijos podrán recuperar momentáneamente la posesión, para no marcharse.

Si no hay un acuerdo con el prestamista, ¿tendrán que abandonar el caserío?

Se está negociando con la parte prestataria la posibilidad de llegar a un acuerdo para recuperar Kukullaga Goikoa. El sindicato está tratando, primordialmente, que no se lleve a cabo el desahucio, y está negociando, junto con el Ayuntamiento de Berango, recuperar el baserri, que sigan los baserritarras viviendo en él y, en el futuro, aprovecharlo para llevar a cabo algún proyecto que contemple la actividad agraria, por ejemplo con un centro de interpretación temático para mantener y promover la especial protección de la que goza este molino-casa peculiar de la historia del pueblo de Berango. Se hará todo lo posible y lo que esté en nuestras manos para evitar el desahucio este próximo martes 11 de octubre.

Para usted, el proceso seguido por el prestamista es legal, pero ¿cómo califica ese hecho si lo que busca es dejar en la calle a una familia de baserritarras de avanzada edad?

Ética y moralmente es despreciable, inmoral y un absoluto despropósito. El proceso judicial por el que se ha llegado hasta aquí ha sido legal, pero que el desahucio sea legal no significa que sea justo ni moral ni ético. Han ocurrido y ocurren desgracias que, aun siendo legales, se han demostrado que eran erróneas. Como ejemplo del sector agrario, tenemos el caso de las vacas locas, una enfermedad que se originó dentro de un marco legal porque estaba permitido que las vacas comieran harinas animales y mira lo que ocurrió; ocurren accidentes laborales, pero nadie paga por ellos, porque la legalidad está ahí; se expulsan a inmigrantes porque la legislación actual lo permite, y más casos.

Este problema es otra cosa.

Sí. Estamos ante una situación que está por encima de la legalidad, que es la dignidad humana y la indefensión en la cual se encuentran estas personas, gente mayor con poca formación y en estado de necesidad cuando tienen que acudir a medios como estos prestamistas, porque los medios, digamos, «habituales y regulados», no les resuelven un problema que es vital, como es la inhabitabilidad de su vivienda, que no estamos hablando de comprar un coche o de irse de vacaciones.

El lehendakari Patxi López y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, parece que van a explorar una salida a los desahucios, ¿cómo lo ve?

Lo que está claro es que los poderes públicos tienen absoluta responsabilidad sobre este asunto. Tienen que intervenir y parece que lo van a hacer, pero llegan tarde, como ocurre siempre, y no de la mejor forma. Entendemos que, debido al eco y al soporte que han dado los medios de comunicación a todos los agentes que han estado denunciando los desahucios, aprovechan ahora para hacer declaraciones de que van a intervenir en este asunto. De todas formas, según he leído, lo que el lehendakari Patxi López plantea es una mediación entre los bancos y los particulares para, en casos de no poder pagar las cuotas, buscar alternativas haciendo estudios económicos de las familias, es decir, los bancos no tienen que hacer nada, sólo esperar a ver qué le dicen los mediadores. No creo que la mediación sea efectiva. Tienen que intervenir directamente sobre las instituciones financieras.

Es lo que no se ha hecho.

Lo que pasa es que esto ya viene de atrás, de cuando se daban hipotecas de riesgo superior a los que se dan ahora. Pero debido a la crisis y la consecuente pérdida de empleo, las hipotecas se han vuelto inasumibles. Como no hubo control de riesgo antes -responsabilidad de los bancos y de los Gobiernos-, lo que habría que hacer es obligar a los bancos a que ajusten las cuotas o establezcan, digamos, unas «vacaciones hipotecarias» hasta que esas personas puedan encontrar un trabajo y retomar las cuotas. Sobre todo cuando siempre se oye eso de que «a los bancos no les interesa la casa, les viene peor». Pues que lo apliquen. Pero ya sabemos que los poderes públicos están dirigidos por los poderes económicos, cuando debería ser al revés. Los bancos, que han sido los causantes de esta crisis mundial, reciben dinero público para que salgan adelante y las empresas entran en EREs, despidos sin ton ni son, y a esa gente nadie les ayuda.

¿El caso de Kukullaga no tiene nada que ver con la crisis?

Así es, en nuestro caso no estamos hablando de impagos de cuotas por la crisis. Aquí hablamos de una realidad social, que es una práctica abusiva que afecta a gente que está en situación de necesidad. Estamos hablando de gente que tiene que acudir a prestamistas para obtener dinero. Son personas que están hasta arriba de deudas, que les da vergüenza acudir a asociaciones o asesorías, o personas cuyo último recurso es acudir a estas vías. Y esa gente está indefensa. Creemos que se necesita una reflexión sobre esta realidad social que existe, que está oculta, porque cuesta hacer público, pero que no por eso deja de existir.

Para aclararlo definitivamente, ¿a cuánto ascendía el remozado del tejado del caserío?

Todo comienza con la necesidad urgente de los baserritarras de reparar el tejado porque se inundaba con las lluvias. Sólo hay que ver cómo está ahora el tejado, está en buen estado, sin embargo la cuadra y el interior del caserío están deteriorados, casi ruinosos. Entonces, debido a esa urgencia intentaron obtener crédito mediante entidades bancarias, las cuales denegaron su petición debido a su edad, sus bajos ingresos -dos pensiones- y que ya tenían una hipoteca en el caserío. Al no poder encontrar financiación, llamaron a un teléfono de dinero al instante y les plantearon una solución, solución que les ha llevado hasta aquí. Las obras del tejado las irían pagando según avanzara la obra. Primero necesitaban 3,5 millones de pesetas -porque piensan en pesetas, unos 21.000 euros-. Fueron a Bilbo y ante notario firmaron lo que ellos creían sería ese préstamo y a devolver cuando pudieran, ya que no les habían establecido un período. El 7 de setiembre de 2005 firmaron un primer préstamo de 44.500 euros, a pagarlo tras transcurrir 6 meses, al 5% interés nominal pagado anticipadamente y 29% intereses moratorios, hipotecando el caserío. Sus ingresos son dos pensiones, unos 1.000 euros en total y lo que podría venir de la explotación. Según cuentan, a ellos les dan 20.600 euros. Yo he visto sus cuentas corrientes y, efectivamente hay un ingreso por esa cantidad.

¿Les llega con ese préstamo?

El 4 de abril de 2006, vuelven a necesitar dinero, unos 4 millones de pesetas (unos 24.000 euros). Vuelven a Bilbo, acuden con el prestamista al mismo notario y firman un préstamo de 135.000 euros a pagar en 6 meses, 5% interés nominal pagado anticipadamente, 29% intereses moratorios, hipotecando el caserío y un terreno. Sus ingresos siguen siendo los mismos. Con eso, cancelan completamente el primer préstamo de 44.500 euros y de los 90.500 restantes, según cuentan, les dan 22.400 euros -casi 4 millones de pesetas-, que eso también lo puedo confirmar porque he visto el ingreso en el banco.

¿Vuelven a necesitar más?

Así es. El 8 de agosto de 2006, antes de que venza el segundo, vuelven a necesitar dinero, 1,5 millones de pesetas -unos 9.000 euros-, y vuelven a Bilbo, acuden con el prestamista al mismo notario y firman un préstamo de 25.900 euros a pagar en 3 meses, 5% interés nominal pagado anticipadamente, 29% intereses moratorios, hipotecando el caserío y sus tres terrenos. Sus ingresos siguen siendo los mismos. Reciben unos 9.000 euros. En abril de 2007, venden uno de los terrenos hipotecados y cancelan parcialmente la segunda hipoteca por 28.952 euros y el tercero por 3.390 euros. Por tanto, según escrituras, ellos deberían 140.000 euros más los intereses de demora. En nuestra opinión, sólo deben unos 23.000 euros, más los intereses aplicables.

¿Por qué llega a esa conclusión?

No tiene ningún sentido que pidieran en total 205.400 euros en un año, ¿en qué cabeza cabe? Con 205.400 euros podrían haber reformado todo el caserío, y lo único que está decente del caserío es el tejado, lo demás bastante precario. Unos 15 días después de vencer el tercer préstamo, el prestamista presentó la demanda de ejecución hipotecaria del préstamo por ser el último formalizado.