Euskal Herria, 2018. Estancamiento y envejecimiento de la población. Progresivo desmantelamiento de la actividad industrial y de la protección social. Privatización de servicios sociales básicos. Han frenado momentáneamente o al menos ralentizado los flujos migratorios. Casi la mitad de la juventud vasca está desempleada y quienes trabajan mayoritariamente lo hacen en precario. Se sienten los efectos de los recortes sociales y paralelamente se triplica en seis años la población encarcelada, pasando de mil y poco a más de cuatro mil. Son algunos síntomas del modelo de sociedad y de estado en construcción en estos últimos años. Para que esto haya sido posible han hecho falta tres cosas: una población desviada cada vez mayor a la que atrapar, el incremento de infraestructuras al servicio del negocio penal, es decir, más comisarías, macro-cárceles, palacios de justicia... y, por último, han sido imprescindibles unas empresas mediáticas que han conseguido fabricar una mentalidad social dominante, una sociedad tan insegura y analfabeta funcional que cree que la seguridad no se consigue con políticas sociales de cohesión e integración, sino a golpe de pistola, de multa, de expulsión, de encierro, a golpe de exclusión. Como en los viejos tiempos, ha hecho falta combatir el cólera a cañonazos.

La fórmula es bien sencilla. Hacer crecer la pobreza, la precariedad, la soledad, la desafiliación, la depresión, la violencia social o la enfermedad mental como resultado, entre otros, de los efectos de la crisis especulativa que el poder financiero ha provocado íntimamente unida a la sacralización de la propiedad privada como bien jurídico supremo a preservar y a la ruptura de los espacios de pertenencia colectiva. Con ello han incrementado las poblaciones potencialmente criminalizables como resultado de una sociedad vasca cada vez más desigual en la que se devalúan los derechos sociales. Ya tenemos bancos de peces para atrapar por las redes de una industria penal subsidiada por las administraciones y, cómo no, por sus industrias complementarias tales como la médica, la asistencial, la farmacológica o la policial, todas ellas cada vez más privadas y subvencionadas con dinero público.

El negocio sigue siendo redondo para la oligarquía vasca y española (valga la redundancia). Seguir echando cemento, destruyendo el medio ambiente, seguir bajando el sueldo y reduciendo plantillas a los funcionarios de educación, sanidad o servicios sociales para contratar más carceleros, policías, operarios judiciales y, así, fingir que estamos en una sociedad más segura. Han edificado una Administración vasca al servicio de la industria penal privada que, no nos olvidemos, es una industria auxiliar del complejo militar industrial y de aquellos poderes que nos han instalado en el mercantilismo del terror, de la política como intercambio de cromos a espaldas de la ciudadanía y del Derecho como arma letal contra las mayorías sociales cargadas de deberes y obligaciones, sujetas a una galopante inflación económica y punitiva y, a la vez, privadas de la posibilidad de ejercer en la práctica sus derechos y libertades.