Euskal Herria, 2018. Estancamiento y envejecimiento de la poblaci�n. Progresivo desmantelamiento de la actividad industrial y de la protecci�n social. Privatizaci�n de servicios sociales b�sicos. Han frenado moment�neamente o al menos ralentizado los flujos migratorios. Casi la mitad de la juventud vasca est� desempleada y quienes trabajan mayoritariamente lo hacen en precario. Se sienten los efectos de los recortes sociales y paralelamente se triplica en seis a�os la poblaci�n encarcelada, pasando de mil y poco a m�s de cuatro mil. Son algunos s�ntomas del modelo de sociedad y de estado en construcci�n en estos �ltimos a�os. Para que esto haya sido posible han hecho falta tres cosas: una poblaci�n desviada cada vez mayor a la que atrapar, el incremento de infraestructuras al servicio del negocio penal, es decir, m�s comisar�as, macro-c�rceles, palacios de justicia... y, por �ltimo, han sido imprescindibles unas empresas medi�ticas que han conseguido fabricar una mentalidad social dominante, una sociedad tan insegura y analfabeta funcional que cree que la seguridad no se consigue con pol�ticas sociales de cohesi�n e integraci�n, sino a golpe de pistola, de multa, de expulsi�n, de encierro, a golpe de exclusi�n. Como en los viejos tiempos, ha hecho falta combatir el c�lera a ca�onazos.

La f�rmula es bien sencilla. Hacer crecer la pobreza, la precariedad, la soledad, la desafiliaci�n, la depresi�n, la violencia social o la enfermedad mental como resultado, entre otros, de los efectos de la crisis especulativa que el poder financiero ha provocado �ntimamente unida a la sacralizaci�n de la propiedad privada como bien jur�dico supremo a preservar y a la ruptura de los espacios de pertenencia colectiva. Con ello han incrementado las poblaciones potencialmente criminalizables como resultado de una sociedad vasca cada vez m�s desigual en la que se deval�an los derechos sociales. Ya tenemos bancos de peces para atrapar por las redes de una industria penal subsidiada por las administraciones y, c�mo no, por sus industrias complementarias tales como la m�dica, la asistencial, la farmacol�gica o la policial, todas ellas cada vez m�s privadas y subvencionadas con dinero p�blico.

El negocio sigue siendo redondo para la oligarqu�a vasca y espa�ola (valga la redundancia). Seguir echando cemento, destruyendo el medio ambiente, seguir bajando el sueldo y reduciendo plantillas a los funcionarios de educaci�n, sanidad o servicios sociales para contratar m�s carceleros, polic�as, operarios judiciales y, as�, fingir que estamos en una sociedad m�s segura. Han edificado una Administraci�n vasca al servicio de la industria penal privada que, no nos olvidemos, es una industria auxiliar del complejo militar industrial y de aquellos poderes que nos han instalado en el mercantilismo del terror, de la pol�tica como intercambio de cromos a espaldas de la ciudadan�a y del Derecho como arma letal contra las mayor�as sociales cargadas de deberes y obligaciones, sujetas a una galopante inflaci�n econ�mica y punitiva y, a la vez, privadas de la posibilidad de ejercer en la pr�ctica sus derechos y libertades.