Si fuera por el secretario general de la Unión Social Cristiana (CSU), Alexander Dobrindt, los servicios secretos espiarían al partido socialista Die Linke (La Izquierda) y, luego, «podría haber un proceso de ilegalización». Dobrindt comparte esta idea con su correligionario, el ministro de Interior de Baviera, Joachim Hermann, y responsable de la oficina regional del servicio de inteligencia. Desde la óptica de los conservadores bávaros, que en otra época respaldaron a dictadores como Augusto Pinochet, Die Linke debería ser declarado «inconstitucional» porque en su futuro programa incluye la frase de que «aspiramos a cambiar las relaciones de poder y propiedad». Sin embargo, les es fácil hablar de ilegalización porque en la realidad jurídica alemana es mucho más difícil llevarla a la práctica que en el Estado español, por ejemplo. No obstante, estas amenazas les sirven a los poderes fácticos para marcar a Die Linke las líneas rojas.

Actualmente, la formación atraviesa una crisis que viene arrastrando desde que en 2007 se fusionó con el Partido del Socialismo Democrático, arraigado en la ex República Democrática Alemana (RDA) y en el Partido Socialista Unificado de Alemania, y la Alternativa Electoral Trabajo y Justicia Social (WASG) del ex presidente del SPD Oskar Lafontaine. Las diferentes sensibilidades se han enfrentado después de las elecciones generales de 2009, aunque los comicios obsequiaron a Die Linke con el 11% de los votos. Pero pese a ser el único partido de índole izquierdista en el Bundestag, no ha sabido aprovechar políticamente la crisis del capitalismo. En vez de ello ha protagonizado una serie de discusiones sobre su personal y otros temas de menor importancia política, que han sido inflados por los medios.

Detrás hay dos corrientes que luchan por la hegemonía dentro del partido. Una la conforman los denominados «reformistas», que quieren un programa político e ideológico que les permita gobernar junto al SPD y Los Verdes. La otra la encabezan políticos como Lafontaine y la ex presidenta de la Plataforma Comunista, Sahra Wagenknecht.

Ambos grupos son conscientes de que las disputas internas han contribuido a que Die Linke sólo haya recibido el 8% de los votos a nivel nacional. En lo que va de año, no ha podido entrar en dos hemiciclos del oeste alemán. Sus perspectivas para 2012 han empeorado, por un lado, por la aparición del Partido Pirata que les roba votos vitales. Por otro, la llegada de los filibusteros les ha costado la mayoría de votos al SPD y a Los Verdes en los sondeos, por lo que necesitarían a Die Linke para lograr la cancillería.

Los delegados deben decidir sobre 1.400 cambios en la propuesta del partido. Uno de los puntos clave es el papel de la OTAN y el uso de la violencia para fines políticos. Los reformistas prefieren una posición ambigua, mientras que el ala izquierdista opta por la abolición de la organización militar. La propuesta de la Ejecutiva habla del «regreso a una política exterior y de seguridad pacifista», orientada en «el mandato de no violencia de la Carta de la ONU».

Otro aspecto polémico es la relación con Israel. Después de fuertes acusaciones de ser un partido antisemita por apoyar a la Flotilla de Libertad de Gaza, la dirección vela por «el derecho a existir de Israel».

En Berlín, mientras, el SPD y la CDU han acordado que a nivel regional cada organización debe declararse conforme con la Constitución para poder recibir subvenciones. Die Linke critica esta disposición al considerarla un control político e ideológico.