No cabe duda de que entre los múltiples y graves problemas que afectan a la economía en el Estado Español el más acuciante es el de la altísima cifra de parados. El asunto no es de hoy, pues el paro es estructural, pero si a los números habituales se añaden los generados por la crisis actual, la situación es de escalofrío.

En la legislatura acabada prematuramente se han ido tomando diversos tipos de medidas para, según se decía, combatir el desempleo y generar nuevos puestos de trabajo, pero es evidente que todas ellas han fracasado, pues lejos de aumentar la ocupación, se ha destruido empleo de calidad, gran cantidad de puestos estables, de trabajadores con contrato indefinido y lo que se vende como nuevas contrataciones es, en su inmensa mayoría empleo basura: a tiempo parcial, eventual y con condiciones laborales y salariales que nadie habría aceptado hace pocos años.

Con el argumento de la crisis hay mucho espabilado que está haciendo su agosto al sustituir a trabajadores con condiciones laborales que podrían calificarse de normales por otros mucho más baratos y obligados a aceptar lo que se les ofrezca, por malo que sea, dada su angustiosa situación.

No es de extrañar que las medidas adoptadas hayan fracasado. En algunos casos, porque se ha adoptado una medida y la contraria en poco tiempo y en ambos casos diciendo que se legisla así para crear empleo. Baste como ejemplo la concatenación de empleos temporales. En su día se reformó el Estatuto de los Trabajadores para impedir el abuso de la contratación temporal y se convertían en indefinidos los contratos temporales para el mismo puesto de duración superior a 24 meses en el plazo de 30. Ahora, se ha suspendido la aplicación de esa norma, también para crear empleo. De locos.

Pero no sólo ha habido este tipo de contradicciones, sino que se ha abaratado el despido en determinadas condiciones financiándolo, incluso, a través del Fogasa, que paga parte de las indemnizaciones. Hace muchos años que el despido es libre y pagado y, por ello, la única garantía de estabilidad era el coste de la indemnización. Si se reduce el precio a pagar por ésta, se está fomentando el despido.

El fracaso de las políticas de empleo del PSOE es, pues, innegable, pero ojo a lo que parece vislumbrarse que propone el PP para atajar esta sangría, porque aunque el lobo no enseña aún la pata peluda más que por debajo de la puerta, sus formadores de opinión y las patronales repiten a todas horas que la solución es la flexibilización del mercado de trabajo, eufemística forma de llamar al abaratamiento del despido: un contrato único y ocho días de indemnización. Evidentemente es la panacea, pero para sus bolsillos. Y aumentara el desempleo. Por eso, cuando oigo a los peperos hablar de emprendedores, siempre me viene a la cabeza aquel Gregorio Antúnez, el jefe de la oficina de «Café Camera», que siempre solucionaba todo con su frase preferida: ¡A la puta calle!