El presidente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales (AMAC) y alcalde del municipio burgalés del Valle de Tobalina, donde se encuentra la central nuclear, opina que el Plan Garoña se debería mantener aunque se revoque la orden de cierre de la planta, en 2013, decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En declaraciones a Efe, Rafael González Mediavilla explicó que, aunque se aplace la fecha, Garoña, igual que el resto de instalaciones nucleares, acabará cerrando, por lo que ve necesario que se mantenga el plan lanzado para que la zona cuente con alternativas económicas para hacer frente a esa nueva situación.

La posibilidad de que se retrase la clausura más allá del año 2013 está ligada a la previsión de que el PP asuma el poder tras las elecciones del 20N.

«Enorme dependencia»

González Mediavilla resaltó que el entorno de Garoña -los ayuntamientos alaveses de Lantarón y Gaubea también forman parte de la AMAC- tiene una «dependencia enorme» de la central nuclear, tanto por la actividad directa como por otras vinculadas al mantenimiento de la planta. Y, por tanto, considera que sería «injusto» eliminar el plan para volver a ponerlo en marcha cuando el cierre vuelva a ser inminente.

Comentó también que atraer inversiones a la zona y que se consoliden proyectos empresariales lleva años «pero no dos o tres, como se está demostrando con la aplicación de los primeros pasos del plan».

Tras participar esta semana en un encuentro de una delegación de la AMAC con técnicos del CSN en Madrid, González Mediavilla recordó que «lo primero para que se mantenga la actividad de una central nuclear es la seguridad y, según el Consejo de Seguridad Nuclear, Garoña sigue siendo segura, como ya indicó en su informe tras la solicitud de prórroga de la vida útil de la planta hasta 2019».

No obstante, como alcalde del Valle de Tobalina, reclamó que se mantenga y refuerce el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos, porque «también forma parte de la necesaria seguridad» en toda la zona de Garoña.