Juanjo BASTERRA

La crisis económica ha acentuado los desahucios en Hego Euskal Herria desde el inicio de la crisis económica. Desde 2007 a 2010, los mismos se han incrementado en un 133,32% y en estos momentos ya son casi 7.000 desahucios en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, en concreto son 6.970 familias que se han quedado hasta junio, según los datos oficiales del Consejo del Poder Judicial, sin vivienda por no poder pagarla. Cajas, bancos, prestamistas no perdonan y ejecutan los impagos hipotecarios. Sin embargo, el Banco de España ha hecho públicos estos días atrás los datos de los créditos dudosos de cobro que mantienen en sus cuentas y que ascienden a 127.737 millones, un 7,1%, un índice de morosidad que no se veía desde 1995. Llama la atención de que casi el 50% de esos fondos se deben a los promotores inmobiliarios. Esa es una de las claves en la que se mueve en este momento el mercado de la vivienda donde cajas y bancos están restringiendo los créditos hipotecarios, después de que concedieron enormes créditos a los promotores inmobiliarios, que son los que más dificultades tienen en devolverlos.

Colectivos sociales de Barakaldo, entre ellos Cáritas, Juventud Obrera Cristiana, Centro Asesor de la Mujer Argitan, Asamblea de Parados y Berri-Otxoak reconocen que sólo en este municipio vizcaino se han producido 113 desalojos, el 11,42% del total de Hego Euskal Herria, en los primeros seis meses de este año. «Ahora mismo -explican desde Berri-Otxoak- se están tramitando 37 desahucios más en los juzgados de Barakaldo», pero a esta situación este colectivo añade que «las estimaciones que tenemos indican que actualmente 861 familias ya han dejado de pagar alguna mensualidad de su hipoteca o alquiler». En base a estos datos preliminares, Berri-Otxoak afirma que «los desahucios irán creciendo mes a mes», por lo que exigen en el caso del Barakaldo que el Ayuntamiento garantice las ayudas sociales para mantener la vivienda habitual.

Viviendas vacías

Todo esto está ocurriendo cuando, según los últimos datos de Eustat, existen 75.627 viviendas vacías en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa al cierre de 2009 y otras 34.924 viviendas vacías en Nafarroa, aunque estos datos son del INE y referidos a 2001. De las vacías, en la CAV, 45.692 están deshabitadas. Los colectivos sociales no entienden que haya familias que demandan viviendas y otras no puedan pagar sus hipotecas «mientras que hay numerosas viviendas no habitadas, lo que supone un contrasentido».

Elkartzen ya presentó hace unos años la necesidad de crear una Instituto de Vivienda Pública de Euskal Herria que «las personas con problemas económicos o dificultades de otro tipo podrían entregar la vivienda al instituto, quien asumiría el valor pendiente de la hipoteca y reconocería un crédito a favor de la familia real igual al monto total de lo pagado, menos la suma de las deducciones fiscales que en materia de vivienda se hubiesen practicado»: Esa cesión, según la propuesta de hace tres años de Elkartzen, daría derecho a ocupar la vivienda en régimen de alquiler social, entre otras medidas.

Hace quince días EHNE Bizkaia también desveló otra posibilidad para poner en marcha y poder evitar esta larga lista de desahucios de viviendas en Hego Euskal Herria: «las vacaciones hipotecarias». Esta idea surgió en la actuación del sindicato agrario vizcaino y el Ayuntamiento de Berango para evitar el desahucio del caserío Kukullaga Goikoa de esa localidad. Al final, el pueblo de Berango será propietario del mismo, aunque los baserritarras y sus dos hijos podrán ocupar el caserío en usufructo. A cambio, el Ayuntamiento ha pagado 10.000 euros por la opción de compra de 200.000 euros al prestamista Jesús Goiti Infante.

otro caso en Algorta

El caso del caserío Kukullaga Goikoa elevó las críticas por el aumento de los desahucios, porque se demostró que los baserritarras mayores tuvieron que contratar el servicio de un prestamista ante la falta de apoyo desde las entidades de crédito para poder rehabilitar el tejado del caserío. No fue un producto directamente de la crisis, pero alertó de esta grave situación.

De hecho, GARA ha tenido conocimiento de un caso similar ocurrido en Algorta y que ha tenido casi los mismos protagonistas del caserío Kukullaga, aunque el resultado final terminó con la ejecución del desahucio. Según informó a este diario Aitzol Landaburu, sobrino de P. M. I. de 63 años en la actualidad, le ocurrió algo similar a lo del caserío Kukullaga, por lo que han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Getxo y ante la Ertzaintza por «estafa con abuso de confianza». En las mismas, se reconoce que el 22 de abril de 2010 su tío «fue lanzado de su domicilio» en un proceso iniciado en 2009.

Según consta en ambas denuncias a las que ha tenido acceso este diario, el afectadose encontraba trabajando en el bar de Estibaliz Bilbao, «La Bodeguilla Butrón», que ya no es de su propiedad, pero le pidió al trabajador, «conocido de la familia, porque incluso solía veranear algunos días con los propietarios del establecimiento hostelero», según precisó su sobrino, «a que le avalara un crédito para mejorar el establecimiento». Lo que, en principio era un aval, en realidad, sin que supiera el afectado, eran cuatro préstamos hipotecarios realizados con el mismo prestamista y notario de Kukullaga Goikoa por 203.800 euros.

«Mi tío no hizo frente a esa cantidad, porque desconocía lo que había pasado y, como amigo de la familia de la propietaria del bar, confiaba en su palabra. Sin embargo, ésta le escondió las demandas de impago y le quitaron el piso y el garaje, valorado en 305.000 euros, por menos de 75.000 euros, que fue comprado por un abogado», explicó Landaburu. Además de otras irregularidades, el sobrino relata que su tío «no cuenta con todas las facultades», según un informe de Osakidetza, pero «lo que es peor que de tener un piso y un garaje, pensar que la vida la tenía resuelta, se ha quedado en la calle sin nada y con una pensión baja».

La abogada de Jesús Goiti Infante aseguró a GARA que este procedimiento fue legal y recordó que la actividad de su defendido cumplió con la ley. La diferencia con Kukullaga Goikoa está en que antes de ejercer el desahucio de forma directa, vendió esa potestad a un tercero y es éste el que obliga a la ejecución del impago hipotecario.