La organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna, ETA, anunció ayer «el cese definitivo de su actividad armada». (...)

Con ello, al parecer, llega a su fin el último conflicto armado en Europa occidental, por más que exista aún mucho camino por delante para resolver en forma permanente y de fondo el problema vasco.

Sin desconocer ni aprobar los métodos de ETA -condenados sin cortapisas en diversos momentos en este espacio-, sería improcedente seguir la tendencia de la mayoría de los medios españoles e internacionales, los cuales se han empeñado en presentar de forma simplista y maniquea a esa organización como un mero puñado de asesinos en lucha contra un gobierno democrático. Por el contrario, las expresiones violentas del independentismo en Euskadi se iniciaron a mediados del siglo pasado, en el contexto de la feroz represión instaurada por la dictadura franquista contra el pueblo vasco y el conjunto de sus expresiones políticas, sociales, sindicales y culturales, incluida la prohibición oficial del idioma local, el euskera.

(...) un ala de ETA se integró a la lucha política legal, en tanto que otra, la llamada ETA militar, optó por mantenerse en la clandestinidad y en la violencia. Si bien la llamada transición dividió el mapa de España en regiones autonómicas y atenuó las políticas opresivas contra los nacionalismos -particularmente, el catalán y el vasco-, el gobierno de Madrid, encabezado desde 1982 por Felipe González, emprendió una guerra sucia contra ETA, pero también contra los sectores pacíficos del entorno independentista vasco. En ese contexto, para enfrentar al terrorismo etarra, La Moncloa, por conducto de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se involucró en un terrorismo de Estado que se tradujo en secuestros, asesinatos y torturas, tanto de etarras como de ciudadanos de Euskadi no vinculados con la organización separatista.

Tal política exacerbó la violencia de ETA, que tuvo un momento culminante en el cruento atentado dinamitero contra la tienda Hipercor (Barcelona, 1987). Se vivió, a partir de entonces, un impasse entre la violencia etarra y la visceralidad con que los sucesivos gobiernos españoles se empeñaron en reprimir a ETA -con la tortura policial sistemática de todo sospechoso de pertenecer a la organización, por ejemplo- y a toda expresión política de independentismo vasco: se criminalizó a partidos políticos y organizaciones sindicales, además se clausuraron medios informativos y se persiguió judicialmente a sus directivos.

Los sucesivos intentos de explorar una paz negociada (...) fueron frustrados por la intransigencia de una o de otra parte. Finalmente, tras largos años de golpes policiales contundentes contra la estructura de ETA, el giro de las agrupaciones de la izquierda pacífica y nacionalista vasca -el sector abertzale-, que rechazaron la violencia etarra como método de lucha y emprendieron gestiones de paz a escala internacional, como la ya referida Conferencia de Paz de San Sebastián, dejó a la organización armada sin margen político para proseguir por el camino de la violencia y anunció, ayer, su renuncia definitiva a ella.

El Estado español se ha quedado, de esta forma, sin argumentos para mantener el acoso policial y judicial contra las organizaciones del nacionalismo vasco y las violaciones a los derechos humanos de los etarras presos. Si hay buena fe de las autoridades de La Moncloa y de las fuerzas parlamentarias mayoritarias, el momento es propicio para avanzar en la solución pacífica de los conflictos de fondo en el País Vasco. Ojalá que así sea.