Fue René Zavaleta Mercado, el intelectual crítico más relevante del siglo XX boliviano, quien a través de un análisis marxista heterodoxo, nos proporcionó una caracterización precisa de la potencialidad hegemónica y de la complejidad de lo «nacional-popular» en Bolivia. La Revolución de 1952 fue el primer ensayo serio para llevar a la práctica un proyecto «nacional-popular». La Revolución «democrática y cultural» liderada por Evo Morales está siendo el segundo intento, desde una nueva perspectiva plurinacional.

Autores más contemporáneos, como Álvaro García Linera, han redefinido la dimensión «nacional-popular» para adecuarla a los nuevos tiempos, otorgando centralidad -pero no exclusividad- a las mayorías indígenas y en consecuencia a la dimensión plurinacional. Esto significa que la potencialidad hegemónica de un proyecto de cambio radica en la capacidad de articular el relato indigenista con una dimensión de clase. Los proyectos exclusivamente indigenistas o clasistas han fracasado, como recuerda el antropólogo Xavier Albó.

Las victorias electorales de Morales son la mejor expresión de la legitimidad de un proyecto incluyente de sustrato popular y plurinacional. Sin embargo, un bloque de estas características no está exento de contradicciones y de intereses contrapuestos. Durante la etapa de oposición al neoliberalismo e incluso durante el primer periodo de gobierno, el conflicto fundamental se dio entre el bloque emergente y el proyecto oligárquico-imperial, por lo que las contradicciones internas se situaron en un segundo plano. La insurrección oligárquica y racista facilitó la unidad popular.

Pero es a partir de 2010, con el inicio del segundo mandato de Evo Morales y el repliegue de la derecha tras su derrota estrepitosa, cuando los conflictos internos pasan a ocupar un lugar central. Las reivindicaciones de autonomía indígena en el Oriente, las diversas movilizaciones contra las consecuencias sociales y ambientales del modelo extractivista (hidrocarburos y minería), los estallidos de Caranavi y Potosí y el gasolinazo (intento de subir el precio de la gasolina para frenar el contrabando) de fines de 2010, son algunos de los más importantes.

La lectura compartida por diversos sectores era que Morales y el MAS, tras su aplastante victoria electoral de diciembre de 2009, habían adoptado una postura extremadamente soberbia que generó una manejo marcadamente autoritario de diversas reivindicaciones populares. La elección a dedo de los candidatos a las municipales de abril de 2010, sin respetar la decisión de las bases, provocó una fractura con aliados importantes y la derrota en bastiones históricos.

El análisis positivo que se desprendía de estos acontecimientos era que la sociedad y sus movimientos seguían teniendo una gran capacidad de movilización y de presión para condicionar la vida política e incluso para obligar al Gobierno a cambiar de rumbo. Otro aspecto positivo era que el Gobierno y su presidente aceptaban públicamente sus equivocaciones, como ocurrió con la retirada del decreto del gasolinazo.

El reciente conflicto del TIPNIS, donde diversos sectores se enfrentan en torno al proyecto de construcción de una carretera, finalmente desechada por el presidente, que tenía previsto unir los departamentos de Cochabamba y el Beni y que iba a afectar a un parque nacional y territorio indígena, es el último episodio de la actual pugna interna. Una pugna que no se reduce a la ecuación simplista «movimientos vs Gobierno», ya que hay organizaciones sociales que apoyan este proyecto del Ejecutivo.

Un proyecto que tampoco se podía traducir como una mera concesión de Bolivia a los intereses comerciales del capitalismo brasileño y subordinado a la lógica del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Esto es así, en parte, pero va acompañado también de una demanda social mayoritaria de infraestructuras viarias, eléctricas... La complejidad radica en intentar conjugar estas exigencias de «desarrollo tradicional» con las necesarias demandas de corte ambientalista.

La realidad se complejiza aún más si somos conscientes de la heterogeneidad existente dentro del movimiento indígena y de sus intereses contrapuestos. Las necesidades y los horizontes de un indígena de una comunidad del Amazonas, de un indígena cocalero del Chapare o de un indígena urbano de El Alto, difieren sustancialmente, de la misma manera que no convergen a veces los planteamientos de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, de los de la Federación del Trópico de Cochabamba o de los de las Juntas Vecinas de El Alto.

Una de las ciudades más grandes del país, El Alto, con más de un 80% de su población de origen indígena aymara, es la expresión más evidente del actual momento cultural caracterizado por las «identidades híbridas», donde se combinan mentalidades y prácticas rurales y urbanas. Los horizontes se reconfiguran y la organización comu- nitaria propia del medio rural subsiste junto a demandas más urbanas que reclaman luz, agua corriente, gas, carreteras... Los discursos de corte «desarrollista» de Evo Morales -el de cierre de campaña de 2009 al que pudimos asistir, fue paradigmático- son un espejo de esta realidad sociológica incontestable.

El desafío estratégico del Gobierno, a corto y medio plazo, más allá del conflicto concreto del TIPNIS, será intentar mantener ese equilibrio siempre precario entre los avances en clave de «desarrollo» y las promesas de defensa de la Pachamama. Paralelamente, diversos agentes le plantean un cambio de metodología política: reducir al mínimo las tentaciones de represión, criminalización e imposición y darle mayor énfasis a la vía de la negociación y la participación ciudadana. En el caso concreto del TIPNIS, la probable consulta popular se presenta como una opción plausible. La dificultad se ubicará entonces en otro terreno: quién es el sujeto a consultar (¿las comunidades indígenas que se sienten afectadas? ¿las poblaciones de los dos departamentos a las que beneficiará o perjudicará la carretera?