Las trabajadoras de hogar, un colectivo tan olvidado como laboralmente maltratado, tienen un motivo de alegría en la reforma que posibilita que entren en el Régimen General de la Seguridad Social, pero no para echar la campanas al vuelo. Los datos de las condiciones laborales de estas trabajadoras, referidos a duración de la jornada, salarios o descansos son sencillamente lamentables, y si bien esta reforma supone un claro avance en sus condiciones, no lo son asuntos como que las trabajadoras que actualmente tienen contratos deban esperar hasta junio para regularizar la situación o que el sistema de cotización tenga un límite en los 748,2 euros, al no esperarse que los salarios reales se equiparen con las cotizaciones hasta 2019. Por otro lado, como la Asociación de Trabajadoras de Hogar-Etxe Langileen Elkartea de Bizkaia denunció ayer, Lanbide se desentiende de un colectivo tan vulnerable, pues no actuar como intermediario laboral para esas trabajadoras, que han de recurrir a agencias de colocación y soportar situaciones de precariedad, retención de salarios y otras irregularidades. Unas irregularidades que el Parlamento de Gasteiz se propuso evitar pero cuyas resoluciones para ello no se cumplen.