La tensión en Euskal Herria impregnaba todo el escenario que llevó al 23-F. Durante 1980, la posición de Adolfo Suárez al frente del Gobierno español y de la UCD se había ido debilitando paulatinamente. Al mismo tiempo, importantes sectores del Ejército mostraban su desacuerdo con la configuración autonómica del Estado. A finales de ese año se incrementaron los rumores.

En diciembre, el diario «El Alcázar» publicó un «análisis político del momento militar» en el que se afirmaba que los miembros del Ejército «habrían llegado a sentir temor por España como nación, ante lo cual la dignidad y el honor, valores substanciales del alma militar, estarían llamados a entrar constitucionalmente en juego».

El 29 de enero de 1981, Suárez dimitía de todos sus cargos. Ese mismo día, ETA militar secuestraba al ingeniero de la central nuclear de Lemoiz, José María Ryan. En Tutera, el militante de la organización armada Pepe Barros moría al estallar el artefacto que estaba manipulando. El 4 de febrero, los reyes españoles visitaron la Casa de Juntas de Gernika. Al comienzo del discurso de Juan Carlos de Borbón, los electos independentistas entonaron el «Eusko Gudariak», siendo desalojados por el servicio de seguridad privado -los berrozis- del PNV. Ese mismo día era detenido un joven de Zizurkil llamado Joxe Arregi; moriría diez días después a causa de las torturas sufridas en dependencias policiales. Entre tanto, poco antes de la medianoche del día 6 era hallado el cadáver de Ryan, con un tiro en la nuca. Y ya el día 20, ETA político-militar secuestraba a tres cónsules.

Este clima al rojo vivo marcaba la sesión parlamentaria del 23 de febrero, en la que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido como sucesor de Suárez al frente del Ejecutivo español. Pasadas las 18.00, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero entraba y retenía a todos los diputados allí presentes. Los entresijos de este operativo no han sido nunca suficientemente aclarados.

Las leyes y el Borbón

La intentona golpista no prosperó, pero ello no significa que fuera un fracaso. El «tejerazo» cumplió su objetivo de poner freno a cualquier tipo de concesión a los denominados «nacionalismos periféricos». Frutos inmediatos fueron la LOAPA, que ponía freno al proceso descentralizador, y la luz verde a las Fuerzas Armadas españolas en la «intensificación y vigilancia de los espacios fronterizos y marítimos en las zonas más afectadas por el terrorismo», lo que supuso un amplio despliegue militar intimidatorio en Euskal Herria. Poco después se aprobaba la Ley de Defensa de la Democracia con tan sólo tres votos en contra, entre ellos el del diputado Juan María Bandrés (EE) recientemente fallecido. Y el 29 de mayo, la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitios, que autorizaba la suspensión personal de las garantías al detenido y permitía al Ejército asumir funciones judiciales.

A nivel personal, el gran beneficiado del 23-F fue Juan Carlos de Borbón, quien siete horas después de la ocupación del Congreso pronunció un discurso por televisión en el que mostraba su respaldo al «orden constitucional» y a la «legalidad vigente». El jelkide Iñaki Anasagasti prefiere tomárselo a broma 30 años después: «Se ha llegado a creer que nos salvó de Tejero el muy Borbón», escribía en su blog en febrero pasado.