Los vídeos en los que la Guardia Civil debería de haber registrado todo el paso por comisaría de cuatro de los nueve navarros que están siendo juzgados esta semana en la Audiencia Nacional española se han presentado con espacios en negro. Esto significa que, a pesar de que el reloj sigue corriendo, no se puede ver la imagen de los arrestados ni saber en qué condiciones se encuentran durante estos períodos. La abogada de los detenidos, Amaia Izko, denunció en la sesión celebrada ayer que estos «huecos negros» coinciden en el tiempo con los momentos en los que los detenidos denunciaron haber sufrido interrogatorios ilegales y malos tratos. Nadie ha ofrecido una explicación sobre los minutajes cubiertos e incluso el instructor de la causa reconoció no tener constancia de que se hubiese registrado algún percance durante la grabación, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu.

A pesar de ello, el fiscal Luis Barroso mantuvo las peticiones de diez años de prisión para Maider Caminos y ocho para el resto de acusados (Luis Goñi, Xabier Sagardoi, Aritz Azkona, Mikel Jiménez, Alberto López, Maitane Intxaurraga, Amaia Legarra y Noe López), a quienes acusa de «integración en organización terrorista» al vincularlos con las organizaciones políticas Ekin y Segi

La orden de grabar toda la incomunicación de cuatro de los detenidos (Maitane Intxaurraga, Maider Caminos, Amaia Legarra y Noe López) partió del juzgado de Instrucción número 4, que se encontraba en ese momento de guardia a pesar de que el operativo fue iniciado por Fernando Grande-Marlaska. De este modo, los agentes deberían haber filmado todo el proceso desde que los cuatro fueron arrestados. Sin embargo, además de los espacios en negro, la imagen solo muestra las puertas de sus celdas en muy mala calidad y sin sonido.

Este hecho resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que las acusaciones se basan exclusivamente en declaraciones policiales, que no fueron ratificadas ante el juez instructor y que los imputados achacaron a los malos tratos sufridos en comisaría.

El propio fiscal evidenció su preocupación ante la posibilidad de que las autoinculpaciones obtenidas durante la incomunicación no sean tomadas en cuenta, lanzando la advertencia de que si no se avalan se «pondría en peligro» otros procesos similares.

El juicio se cerrará el próximo 21 de noviembre con los alegatos de dos de las defensas.