El fiscal general de EEUU, Eric Holder, reconoció ayer que la operación «Rápido y Furioso», que permitió el paso ilegal de armas a México, «nunca debió haber ocurrido, y no debe volver a ocurrir de nuevo jamás».

En su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, Holder subrayó que «cualquier uso» de la táctica que permitió entre 2009 y 2010 el tráfico de unas 2.000 armas al otro lado de la frontera es «inaceptable».

«Esta operación era defectuosa tanto en concepto como en ejecución», admitió el titular de Justicia, que ha absorbido el grueso de las críticas tras el fracaso del operativo, dirigido por una de las agencias de su departamento, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés).

Holder, que mantiene que no tuvo conocimiento de la operación hasta las últimas semanas de su desarrollo, se mostró consciente de las consecuencias a largo plazo de los operativos que «hacen caminar» armas de un país a otro.

«Por desgracia, sentiremos sus efectos durante muchos años, porque las armas que se perdieron durante esta operación siguen apareciendo en escenas de crimen tanto aquí como en México», resaltó.

Afirmó que, a estas alturas, están perdiendo «la batalla para detener el flujo de armas ilegales a México».

La operación finalizó al encontrar dos de las armas con las que mataron al agente fronterizo Brian Terry, en Arizona en diciembre de 2010.

El fiscal general dijo que él «también» quiere saber por qué las armas que debían haber estado bajo vigilancia «pudieron acabar en las manos de los carteles de droga mexicanos».

El senador republicano Charles Grassley, que lideró el interrogatorio, sostuvo que Holder recibió al menos cinco informes sobre esta estrategia en julio 2010, mucho antes de lo que el funcionario dijo en una audiencia de la Cámara de Representantes en mayo.

El asistente del fiscal general de EEUU, Lanny Breuer, admitió ante el mismo comité que tuvo conocimiento de la operación en abril de 2010, pero aseguró que no informó sobre la misma a Holder.