El pasado 31 de enero, en presencia de Manuel Fraga, presidente fundador del PP, José María Aznar propuso una reforma «inaplazable» del modelo autonómico «para hacer plenamente vigente la Constitución de 1978 y para preservar el derecho de la nación española a decidir su propio destino libremente, a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida». Aznar añadió después que «España no puede competir ni en Europa ni en el mundo con diecisiete comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini-estados».

El presidente de FAES hizo estas afirmaciones en la presentación de un informe de ese «laboratorio de ideas» del PP titulado «Por un Estado autonómico racional y fiable». Y esas ideas han encontrado acomodo en el programa electoral de Mariano Rajoy, principal aspirante a presidir el próximo Gobierno español.

La crisis económica se ha convertido en la nueva excusa para las ansias recentralizadoras del PP. Por un lado, habla de «racionalizar» las administraciones para eliminar gastos superfluos, y por otro señalan a las diferencias legislativas existentes entre comunidades como un factor que «desincentiva la inversión nacional y extranjera».

El canto a la unidad de España tiene ahora otra letra, «la unidad de mercado»; un objetivo con apariencia loable, «garantizar la igualdad de todos los españoles», y con un protagonista claro, «el Gobierno de la nación», que debe ejercer «la responsabilidad que le corresponde».

Lo unitario es más sencillo

Mariano Rajoy ya expresó en el debate con Alfredo Pérez Rubalcaba su apuesta por la «unidad del mercado español», porque cuando se camina hacia la unión europea no se pueden tener en el Estado diecisiete legislaciones distintas que lo complican todo.

El PP recoge en su programa que «la complejidad regulatoria dificulta la gestión eficiente de muchos procesos, lo que desincentiva la inversión nacional y extranjera por el aumento de costes, dificulta el aprovechamiento de las economías de escala y actúa como un inhibidor de la competencia. España precisa estar a la altura de los compromisos que supone su pertenencia a la moneda única europea».

¿En qué se traduce eso? En «fijar un marco legal e institucional específico para garantizar la unidad del mercado que establezca sus principios rectores, ámbitos de aplicación y los mecanismos interterritoriales de solución de conflictos para asegurar la libertad económica, fomentar la competencia y garantizar la igualdad en el acceso a los bienes y servicios en toda España».

Gobierno y Constitución

El dossier teórico elaborado por FAES, cuyo capítulo de propuestas de futuro está redactado por un reaparecido Gabriel Elorriaga, se cierra con la premisa de que «si algo ha dejado meridianamente claro la reciente sentencia del Tribunal Constitucional es que la Constitución no conoce otra nación que la española. A partir de ahí, la generación actual tiene que ser capaz de encontrar un nuevo compromiso válido, al menos, para las próximas décadas». Además, aboga abiertamente por «recuperar en todo lo posible la homogeneidad [entre CCAA] perdida tras los últimos procesos de reforma estatutaria».

El PP lleva la propuesta a su programa electoral comprometiendo a las comunidades autónomas con «el interés general». Y si éstas no se ponen de acuerdo en hacer efectiva «la solidaridad entre todos los españoles», el partido de Mariano Rajoy tiene la fórmula correctora: «el Gobierno de la nación, en cumplimiento de su capacidad constitucional, dirige la política interior y exterior y debe ejercer las responsabilidades que le corresponden en la coordinación de las distintas administraciones y garantizar la igualdad de derechos de los españoles en el acceso a los servicios públicos».

El PP avisa de que promoverá «un gran pacto con el objetivo de iniciar un proceso de reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, delimitar con precisión el marco competencial de las distintas administraciones, recuperar el valor normativo de la Constitución y el pleno respeto a las leyes».

Además, en su programa recoge que «dotaremos de una definición más precisa a los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas entre sí. Estableceremos procedimientos adecuados para su realización».

Recurso previo

En cuanto a los intentos por controlar futuras reformas estatutarias, el PP no sólo propone «el establecimiento de mayorías parlamentarias cualificadas», sino que se compromete a «restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad» durante la tramitación de las mismas.

Como dijo Aznar ante Fraga en enero, descentralización sí, pero sin seguir patrocinando un «destructivo juego de suma negativa entre el Estado y las comunidades autónomas».