Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay han dado pasos firmes en la investigación y condena de los crímenes y criminales de las dictaduras militares que padecieron en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. En Argentina, Alfredo Astiz, «el ángel rubio de la muerte», símbolo de la dictadura (1976-1983), ha sido condenado a cadena perpetua. En Uruguay, se ha votado una ley que impide la prescripción de los delitos cometidos por el régimen militar (1973-1985). En Chile, decenas de responsables de la dictadura (1973-1990) han sido condenados y en enero las víctimas interpusieron 700 nuevas denuncias. En Paragay (1954-1989), algunos de los responsables de la dictadura militar han sido condenados y cientos de víctimas han sido indemnizadas.

En el caso de Brasil los años de dictadura son aún una sombra oscura que algunos desean aclarar y otros insisten en olvidar. Queda aún mucho que hacer para poder igualar a sus vecinos latinos, pero hace dos meses el Senado dio luz verde a la creación de una «Comisión de la Verdad» que puede ser el primer paso para cerrar, de una vez por todas, la caja de pandora abierta por los militares en 1964. Una comisión creada para «garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional».

El promotor de la propuesta fue el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ésta ha sido recuperada e impulsada por la actual mandataria, Dilma Rousseff. Tanto Da Silva como Rousseff fueron perseguidos en tiempos de la dictadura por su actividad sindicalista y guerrillera, respectivamente. Ambos fueron detenidos y encarcelados.

Sin embargo, la Ley de Amnistía promulgada en 1979 por los mismos militares golpistas y confirmada por la Corte Suprema en 2010, sigue en vigor, lo que significa que la «Comisión de la Verdad» solo podrá investigar, en ningún caso juzgar ni encarcelar a los responsables. Esta decisión obedece a la petición de los militares, que además exigieron ampliar el período a investigar para desviar la atención de los años de la dictadura. Así, la comisión deberá investigar los hechos ocurridos desde 1946 hasta 1988, final del anterior régimen militar (1937-1945) y principio de actual periodo constitucional.

Esta Comisión, formada por siete miembros nombrados por la presidenta, tiene como objetivo examinar los casos de torturas, muertes, desapariciones y ocultación de cadáveres. También debe identificar y dar a conocer las estructuras, lugares, instituciones y circunstancias relacionadas con la sistemática violación de los derechos humanos. Para ello, dispone de dos años y tendrá acceso a documentos secretos del Estado.

La decisión de no juzgar ni encarcelar a los responsables de los crímenes cometidos ha provocado decepción entre las víctimas y distintos colectivos, aunque todos coinciden en resaltar la importancia de dar este primer paso. Frei Betto, escritor y prisionero político durante la dictadura, declaró que «es positivo que (el país) haga un esfuerzo con la creación de una `Comisión de la Verdad', pero es poca cosa» si se compara con Uruguay o Argentina y agregó que espera que la iniciativa no se limite una «Comisión de la Verdad, sino «de la justicia». Betto sitúa esta decisión en el contexto de gobiernos progresistas en Latinoamérica, la única región «donde ha habido un proceso de renovación política y donde los actuales dirigentes no provienen de las élites tradicionales».

Por su parte, la directora de la ONG Red Social de justicia y Derechos Humanos, señaló que en Brasil, hasta el momento, «impera una cultura del silencio y de la impunidad y elementos ligados a la dictadura persisten en algunas instituciones, como la Policía».

Ley de Amnistía

La sociedad brasileña luchó, a finales de los 70, por una amnisttía «amplia, general y sin restricciones», pensando en liberar a todos los presos políticos y en que líderes y activistas forzados al exílio pudieran regresar. Esta ley tenía su trampa, pues lo que la gente no entendió es que también impedía que se castigara los crímenes cometidos por los militares.

Segun un reciente estudio del Gobierno, fueron 475 las personas ejecutadas o hechas desaparecer por agentes del régimen. La organización Tortura Nunca Mais afirma que fueron 500 los ejecutados y 147 los desaparecidos. Añade que al menos 20.000 personas fueron torturadas.