Varios cientos de jubilados y pensionistas se concentraron ayer en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para expresar su indignación durante la campaña electoral por las políticas sociales desarrolladas por las instituciones, la congelación de pensiones y la pérdida de su poder adquisitivo.

En Bilbo, en la plaza Moyua, un centenar de personas tomó parte en una concentración que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de Kepa Mallea, el profesor jubilado de 65 años que falleció la víspera en el barrio de Santutxu tras recibir un navajazo.

Los participantes portaban una pancarta con la frase «No a la reforma de las pensiones», así como carteles en los que se podía leer «Ninguna pensión por debajo de mil euros» o «Aquí cotizamos, aquí decidimos».

Xabier Isasa, miembro de la plataforma Pentsionistak Martxan, denunció el «panorama desolador» que sufren quienes ven congeladas sus pensiones de 600 euros mientras «siguen subiendo los precios», criticó a los políticos por sus «promesas frustradas» y subrayó que «es hora de recordarles su trayectoria y pasarles factura».

En Donostia se movilizaron medio centenar de personas, que permanecieron media hora en el Boulevard tras una pancarta con los lemas «No a la reforma de las pensiones. No a la congelación». «Los políticos nos piden ahora el voto, pero no se acuerdan nunca de nosotros», subrayó Martín Altuna, representante de la plataforma guipuzcoana.

En torno a un centenar fueron los participantes en Gasteiz, donde se situaron frente a la Diputación tras una pancarta con el lema «Contra la congelación de las pensiones». De allí se desplazaron hasta la subdelegación del Gobierno español para expresar también su malestar.

Uno de los integrantes de la protesta explicó que el objetivo de esta movilización es dar un toque de atención a los políticos ante las próximas elecciones para que tengan en cuenta a este colectivo. En Iruñea, la concentración tuvo lugar en la plaza Príncipe de Viana.

Además de denunciar la congelación de pensiones y la consecuente pérdida de su poder adquisitivo, las plataformas exigen que ninguna pensión se sitúe «por debajo del umbral de la pobreza, de los 1.020 euros» y que se garanticen sus prestaciones, así como unos servicios sociales y una sanidad pública «de calidad».