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Sentencia al servicio de una estrategia

La sentencia del Tribunal Supremo español que absuelve a los guardias civiles que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola resulta escandalosa. Está repleta de prejuicios sobre los dos vascos que denunciaron torturas y de principio a fin encaminada a negar toda credibilidad a Portu y Sarasola e incluso a los testigos, aludiendo reiteradamente a las falsas declaraciones de los mismos, si bien éstas le resultan creíbles cuando son autoinculpatorias.

Este país es testigo habitual de que a una denuncia de torturas en centros policiales le siga, en vez de la pertinente investigación y las medidas necesarias que impidan esa práctica, el relato del «manual». Testigo de las dificultades para que esa denuncia prospere. Y, en las pocas ocasiones en que lo hace y en las menos en que algún policía ha resultado condenado, testigo de su posterior condecoración. Ahora, en el nuevo escenario político, responsables institucionales se refieren constantemente a la memoria y al reconocimiento de las víctimas, incluso algunos reconocen a las «otras» víctimas, pero no como víctimas del Estado, sino de «actuaciones aisladas». Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, que alguno tendrá la tentación de utilizar como prueba de la excepcionalidad de esas actuaciones, si algo deja claro es la estrategia a cuya disposición están los aparatos del Estado. Desde que se tuvo conocimiento de la hospitalización de Igor Portu tras su detención, el Ministerio del Interior salió en defensa de los guardia civiles que lo detuvieron, posteriormente la Fiscalía solicitó en el recurso una rebaja de su pena y ahora el Tribunal Supremo los absuelve. Una estrategia inaceptable en cualquier ocasión, y más, si cabe, su mantenimiento en el nuevo escenario.

Una estrategia que conlleva sentencias como la del Tribunal Supremo, que que no parece haber tenido en cuenta las condenas del Tribunal de Estrasburgo al Estado español por casos de torturas ni los recursos pendientes en ese tribunal por el mismo motivo.

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