ELA destaca el papel de la Diputación de Bildu en el acuerdo con la UTE Hernani
ELA destacó ayer el papel jugado por la Diputación de Gipuzkoa en la resolución del conflicto de la UTE Hernani, donde los subcontratados se encontraban en condiciones laborales y salariales inferiores a las marcadas en el convenio de la Construcción. Tras la denuncia de ELA, el Departamento de Movilidad e Infraestructuras indagó y tomó cartas en el asunto, lo que ha propiciado que se normalice la situación.
Juanjo BASTERRA |
Igor San José, responsable del sector de la Construcción y Obras Públicas de ELA, afirmó ayer a GARA que «si hay voluntad institucional y política se pueden garantizar los derechos laborales en las obras públicas». San José se refería al acuerdo que alcanzado en la UTE Hernani, que construye la variante de ese municipio, y donde ha intervenido el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viaria, que dirige la diputada foral Larraitz Ugarte, de Bildu.
A principios de este año, ELA interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo «por explotación laboral y la no aplicación del convenio colectivo de la Construcción en las obras de la variante de Hernani». Esa obra está financiada por la Diputación. Según explicó a GARA Igor San José, se reunió con la Administración foral para solucionar el tema. «A pesar de darnos la razón, no hubo una respuesta posterior para solucionar el problema desde la Diputación del PNV, pero tampoco de la Inspección de Trabajo».
Resuelto en un mes
El pasado 14 de octubre, ELA presentó otra denuncia en términos similares a la de comienzos de año. En esta ocasión, la Diputación está gobernada por Bildu. El día 20 de octubre se reunieron con la diputada foral y miembros de su equipo «para explicarles la situación de la obra de Hernani, y decidieron de inmediato efectuar su propia investigación».
Una vez que la Diputación de Bildu concluyó la investigación, «ratificó la denuncia de ELA» y «exigió a las empresas adjudicatarias la aplicación del convenio de la Construcción de Gipuzkoa en las subcontratas de la obra, que son las que más trabajadores emplean».
Larraitz Ugarte se ha comprometido, según indicó el responsable de ELA, «a realizar un seguimiento exhaustivo de los derechos laborales en la obra y en las posteriores que promueva la Diputación de Gipuzkoa».
San José afirmó que éste es un ejemplo de que si hay «voluntad institucional y política se puede garantizar el respeto de los derechos laborales, unas condiciones dignas para evitar el dumping empresarial en las obras públicas». Si Bildu ha actuado de una manera responsable a favor de las condiciones fijadas en el Convenio de la Construcción, ELA denuncia el papel de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa que, «teniendo dos denuncias encima de la mesa sobre la situación ilegal, de fraude y de explotación en las obras de la variante de Hernani, no se ha pronunciado en todo este tiempo, casi un año», a pesar de la «gravedad» de la denuncia.
El responsable sindical explicó que, a partir de este momento, «mantendremos una campaña de acción sindical para denunciar el incumplimiento del convenio colectivo y con ese objetivo nos hemos reunido con la UTE Hernani, comprobando la situación laboral y salarial de todas las personas que están trabajando en la obra».
Igor San José insistió que van a estar «vigilantes» para que los empresarios no se echen atrás y, «si lo hacen, les denunciaremos, porque los derechos de los trabajadores se deben cumplir por todos, más en las obras que encargan las administraciones públicas, que deben ser las que den ejemplo». En este caso, ELA reconoce el papel destacado que ha tenido la Diputación gobernada por Bildu para la resolución de este conflicto «con brevedad y de forma satisfactoria». Ese paso no lo dieron ni el PNV ni la Inspección de Trabajo.
ELA entiende, por último, que los empresarios deben cumplir «los convenios que firman» y pide que se extiendan los controles en las obras públicas y «se nos deje estar con los trabajadores para conocer su situación laboral. Es necesario».
En el otro lado de la balanza, ELA denunció que el Gobierno de Gasteiz, dirigido por el PSE y cotitular de las obras del tren de alta velocidad (TAV-AHT), permite la «inaplicación de los derechos laborales, el fraude, los incrementos exagerados en los ritmos de trabajo y las funestas medidas de seguridad y salud laboral». En esas obras han fallecido hasta este momento cinco trabajadores.
«Hemos denunciado en muchísimas ocasiones ante la Inspección de Trabajo y ante el Departamento de Trabajo la situación de ilegalidad que se produce, pero siempre nos han dado largas y no han hecho nada»
ELA denuncia que «el Gobierno de Patxi López no mueve ni un sólo dedo porque existe cobertura política de las instituciones responsables, como el Departamento de Transportes y Obras Públicas y de Euskal Trenbide Sarea (ETS), para con las empresas que explotan a la gente».
Recuerda que desde el principio negaron a ELA la posibilidad de visitar a los trabajadores en las obras, aunque «lo hemos conseguido». En esos encuentros, según manifiesta ELA, «hemos comprendido el talante, la actitud y lo mucho que tienen que ocultar los responsables de las obras. Nos ponen una vigilancia exagerada, nos siguen a todas partes, incluso utilizando a la Ertzaintza, para negarnos el acceso a ciertas zonas de la obra. Destinan docenas de personas y un injustificable coste económico para vigilarnos, pero ni un sólo medio para garantizar las condiciones laborales en las obras».
Afirma, por otro lado, que se realizan jornadas ilegales de doce horas, pese a las reiteradas denuncias. Juanjo BASTERRA
Igor San José explicó que ELA presentó dos denuncias por explotación de los trabajadores. La primera, con el PNV en la Diputación, «que no hizo nada», al igual que la Inspección. La segunda, con Bildu, «que ha resuelto satisfactoriamente el problema».
