La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, admite el recurso de casación interpuesto por Iñigo Gutiérrez y Aitor Cotano contra la sentencia del 19 de enero de 2011 de la Sala de lo Penal número 4 de la Audiencia Nacional, que les condenó respectivamente a penas de ocho años al primero por un delito de «colaboración», por haber recogido supuestamente la furgoneta empleada en el ataque reivindicado por ETA, y 515 años al segundo por considerarle como uno de los autores materiales de la acción contra el acuartelamiento de Legutio.

En el otro recurso, el de Arkaitz Goikoetxea, es desestimado, al entender en este caso que hay suficientes elementos de prueba que acreditan su participación en el atentado del 14 de mayo de 2008 y ratifica la pena de 515 años de cárcel. Contra esta sentencia que anula parcialmente la elaborada por la Audiencia Nacional cabe ahora la presentación, en el plazo de 30 días hábiles, de un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acepta el argumento de la defensa de Gutiérrez y Cotano, que denunció vulneración de la presunción de inocencia, al pivotar la sentencia condenatoria en las declaraciones efectuadas ante la Guardia Civil por los tres procesados y «no ratificadas ante el juez». El ponente resuelve que «las declaraciones policiales, en sí mismas, no pueden ser valoradas como pruebas de cargo».

Tampoco entiende la Sala que sea «suficientemente demostrativo» la presencia de restos de material genético de Aitor Cotano Sinde en el vehículo que, según los hechos que la Audiencia Nacional da por probados en su resolución, se utilizó para el desplazamiento al Estado francés, al objeto de traer la furgoneta con los explosivos empleados en el atentado.

No está acreditado

En la argumentación de los magistrados del Alto Tribunal se recuerda que un amigo de Cotano declaró en el juicio que le había prestado el citado vehículo en un par de ocasiones, aunque lo más determinante es que la única razón que lleva a la Audiencia Nacional a identificar este vehículo como el empleado en el desplazamiento es «solamente» las declaraciones en las dependencias del instituto armado por estos tres ciudadanos vascos. La Sala subraya que, tan sólo con eso, no se pueda acreditar como prueba.

En la argumentación que acompaña a la decisión del Supremo de absolución por estos hechos, se afirma que una vez analizada la resolución condenatoria del tribunal especial español «lo único que acredita el elemento ahora examinado es que el recurrente -Aitor Cotano Sinde- en algún momento utilizó el referido vehículo, pero nada puede establecerse acerca del momento ni de la finalidad con la que lo hizo».

La Sala de lo Penal -compuesta, además del ponente, por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez, Manuel Marchena Gómez y Diego Ramos Gancedo- repasa en esta sentencia la jurisprudencia del propio tribunal y del Constitucional, para subrayar que las declaraciones policiales sólo pueden ser valoradas si aportan datos «no conocidos» hasta entonces en la causa.