El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, compareció ayer en el Parlamento, donde afirmó que las cuentas que se habían presentado para justificar la derivación de pacientes de la red pública a la clínica privada San Juan de Dios no se corresponden con la realidad. El titular del ente fiscalizador navarro denunció que no se hace un estudio serio sobre el coste de las intervenciones en centros privados, base sobre la cual los partidos de la oposición, e incluso el PSN, demandarán una revisión en profundidad de la derivación. UPN, por su parte, hubo de admitir que hay que hacer ajustes, porque las recomendaciones de Comptos «son lógicas».

Robleda no dijo -tampoco puede- que el Gobierno falseara las cuentas para justificar las derivaciones, ni que mintiera. Sin embargo, sí que se mostró muy rotundo en sus afirmaciones, remarcando que la metodología para calcular el supuesto ahorro «no era la adecuada» y que Comptos ha apreciado «significativos errores de cálculo».

La conclusión que extrae Robleda tampoco puede ser más tajante: «El estudio no evidencia las necesidades reales, ni la imposibilidad de prestar la asistencia sanitaria y, por tanto, no justifica la concertación». No obstante, matizó que Comptos sólo se refiere al informe mal realizado, sin entrar en si fue oportuno o no externalizar esos servicios sanitarios.

Pero lo cierto es que este informe supone un torpedo contra las teorías de la anterior consejera de Sanidad, María Kutz, acérrima defensora de la Clínica Universitaria y del pretendido ahorro que supondría concertar servicios con dicha entidad.

San Juan de Dios es la segunda clínica con mayor número pacientes derivados, pero el grueso de la concertación se lo lleva el hospital del Opus Dei. Comptos, al demostrar la falsedad de las cuentas de San Juan de Dios, ha puesto la diana en la Clínica Universitaria (CUN). Y, en este sentido, algunos de los datos ofrecidos ayer por Robleda hacen sospechar que el concierto con la CUN necesita de muchas explicaciones. Por ejemplo, la implantación de una prótesis de rodilla en la clínica del Opus cuesta 7.418 euros y en la clínica San Miguel, 4.437. La diferencia de precios porcentual es aún mayor si se toma como referencia una resonancia magnética: la CUN pasa facturas al Gobierno navarro de 398 euros y Alliance, de 105 euros. Comptos determinó que no existe justificación para estas diferencias en las tarifas.

Con estos datos en la mano, Robleda aboga por que, antes de enviar a un paciente a una clínica concreta, se valoren estos costes, algo que hasta ahora no ocurre. Desde la implementación de la Ley de Garantías Sanitarias, las derivaciones se hacen en Nafarroa prácticamente a ciegas. Esta legislación se centra en que, si una persona pasa determinado tiempo en la lista de espera, tiene derecho a que se le trate en una privada. Pero no pone énfasis en la gravedad de la enfermedad o en el coste, lo que provoca que el presupuesto sanitario se dilapide en operaciones de menor importancia.

La falta de justificación económica de las derivaciones puede poner en tela de juicio también la exclusividad que el Gobierno ha entregado a la red privada. El ejemplo más claro es el de la CUN que, en la práctica, monopoliza los transplantes.