Escasas horas después de que fuera anunciado oficialmente, el nuevo Gobierno libio de Abdel Rahim al-Kib se encuentra en el centro de las críticas desde distintos sectores y regiones que se sienten marginadas pese a su papel en la revuelta armada que acabó con el régimen de Gadafi.

Los amazighs (bereberes) denunciaron su esclusión de los ministerios importantes y que su representación en el Gobierno «no se corresponde» con su contribución a la revuelta libia.

Los amazighs, cuya participación desde la montañas de Nafusa fue decisiva para aislar al régimen en su reducto de Trípoli y para controlar el paso fronterizo a Túnez, ya mostraron su malestar cuando el Consejo Nacional de Transición (CNT) anticipó sus planes políticos para el futuro de Libia y no hizo referencia alguna a la cuestión amazigh.

En Bengasi, la capital de Cirenaica (oriente) donde se inició la revuelta, cientos de manifestantes salieron a la calle para denunciar su marginación en el Ejecutivo. Esa queja es compartida por las regiones del sur desértico.

Por contra, los exrebeldes de Misrata y Zenten están representados con los ministerios de Interior y Defensa. El abogado Fathi Terbel, cuya detención en Bengasi el 15 de febrero fue el detonante para la revuelta, ha sido nombrado ministro de Juventud y Deportes.

Exiliados y tránsfugas

La oposición en el exilio estará personificada por Achur ben Jayal, ex embajador en tiempos de Gadafi pero que desertó hace años y ocupará la cartera de Exteriores.

El Ministerio de Petróleo y Gas estará en manos de Abdelrahmane ben Yazza, un responsable de la petrolera italiana ENI.

El nuevo régimen ha defendido la presencia de ministros que ocuparon cargos de responsabilidad en el antiguo régimen y que desertaron a última hora. Por contra, la Alianza de los Jóvenes de la Revolución del 17 de Febrero exige un cambio real.