El proyecto de ley foral que regulará la renta básica, que pasa a denominarse renta de inclusión social, establece que para acceder a ella deberá acreditarse una residencia continuada y efectiva en la Comunidad Foral de al menos dos años, frente al año actual. Además, se exigirá «residir legalmente en España».

Otro de los aspectos que recoge el proyecto es el establecimiento de una serie de obligaciones para los perceptores, como la de mantenerse disponibles para el empleo. De hecho, el rechazo de una oferta de empleo durante el periodo de percepción conllevará su pérdida. Además, los perceptores deberán en unos casos participar en cursos de formación y en otros, realizar actividades de cooperación.

Según explicó la consejera de Política Social, Elena Torres, la norma establece dos apartados, uno dirigido a las familias en situación de exclusión social, que demandan una prestación económica finalista que satisfaga sus necesidades básicas; y otro, a personas que se han quedado sin empleo y sin derecho a prestaciones y subsidios laborales.

La cuantía de la prestación se mantiene en 641,40 euros al mes cuando el beneficiario es una persona, cifra que va en aumento en función del número de integrantes de la unidad familiar hasta un máximo de 962,10 euros.

La concesión de la renta tendrá, con carácter general, una duración de seis meses renovables hasta un máximo de 24, aunque desde el decimotercer mes la ayuda será del 90% del importe previsto. Como excepción, citó el caso de quienes están percibiendo la renta básica y no cumplen el requisito de los dos años de residencia, que continuarán recibiendo la ayuda.