Lakua plantea un ahorro de 100 millones en gastos de personal
El Gobierno de Gasteiz presentó ayer una propuesta para reducir el gasto de personal en 100 millones de euros en 2012, que incluye la suspensión tanto de primas por jubilación voluntaria como del contrato de relevo, o la revisión de los complementos por incapacidad transitoria. Aunque el Ejecutivo subrayó que ello no supondrá «una merma de la calidad del servicio», los sindicatos coinciden en que sí supondrá pérdida de derechos laborales y más recortes.
GARA | GASTEIZ
La propuesta para reducir el gasto de personal, planteada en la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada ayer y que afecta a los 66.769 trabajadores públicos de la Administración autonómica, permitirá al Ejecutivo de Patxi López un ahorro de más de 100 millones de euros a lo largo del año 2012, «sin que ello suponga una merma de la calidad del servicio», según aseguró el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos.
En ese contexto, el Ejecutivo va a poner en marcha un plan de medidas de ajuste y ahorro del gasto con los que pretende hacer frente a «la complicada coyuntura actual». Todo ello, aseguró, «manteniendo su alto nivel de eficiencia».
El objetivo es mantener la contención del gasto en personal a lo largo del próximo año. Para ello, se han establecido seis bloques de medidas, entre las que se incluyen la suspensión temporal de las primas por jubilación voluntaria o los contratos de relevo. La intención es aplicarlas a todos los departamentos de la Administración Pública de la CAV durante un periodo de un año (ejercicio 2012) y permitirán el citado ahorro superior a los 100 millones de euros.
Además de la suspensión de las primas por jubilación voluntaria, que durante el próximo año se suspenderán en su totalidad en la Administración, se prevé la suspensión del contrato de relevo, que podría afectar a 365 personas. De la misma forma, se suspenderá la opción de prórroga del servicio activo con 65 años. Eliminar esta posibilidad afectaría a 201 personas.
La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad. La Administración considera que «tan importante como no incrementar plantillas en un momento de contención del gasto público, es que se tenga la posibilidad de establecer políticas de no cobertura de los puestos de trabajo que queden vacantes como consecuencia de la jubilación de los titulares». No obstante, la Administración admite que no todas las plazas podrán amortizarse.
Otra medida consiste en la revisión de los complementos de incapacidad transitoria en los casos de enfermedad. Durante los diez primeros meses de 2011, se han producido en la Administración de la CAV (incluyendo las sociedades públicas) un total de 48.135 bajas que, según los datos expuestos ayer, han supuesto un coste de IT (incapacidad transitoria) de 43,8 millones de euros en materia de complementos.
El Gobierno de Patxi López se plantea, dentro de las medidas de ahorro, revisar este complemento de IT del 100% que abona actualmente en todos los casos. De esta forma, el próximo año ese porcentaje sólo se mantendría para los casos de baja por accidente laboral. La propuesta del Gobierno contempla la supresión de los complementos del pago de la incapacidad transitoria.
También se plantea la suspensión del devengo de la carrera profesional. El Ejecutivo propone limitar la posibilidad de acceso y convocatoria de nuevos desarrollos de carrera durante 2012. La medida afectaría a los departamentos de Interior, Justicia, Educación y Osakidetza y se aplicaría «mediante acuerdo en la negociación colectiva».
El sexto eje de actuación afecta a la Instrucción de Función Pública para la contención del gasto en la Administración General. El Gobierno indicó que durante el año 2011 «ya se han logrado importantísimos ahorros» derivados de la suspensión de las sustituciones y acumulación de tareas para cubrir las vacantes de personal.
La reducción en ese capítulo ha sido muy importante desde la entrada en vigor de la instrucción de Función Pública, que limitaba los supuestos para permitir la cobertura de vacantes. A pesar del «fuerte esfuerzo» realizado en este capítulo, la Administración considera que existen determinados puestos que deben ser cubiertos ante cualquier eventualidad.
«Contención absoluta»
Pese a las suspensiones del contrato de relevo o de las medidas de fomento para la jubilación parcial, fuentes del Ejecutivo aseguraron que estas decisiones no supondrán «recortes del personal» en la Administración, ya que no incrementará su volumen pero contará «con una mayor estabilidad». Como ya anunció el Gobierno al presentar el proyecto de Ley con las cuentas oficiales para 2012, la contención para el próximo año va a ser «absoluta» para los gastos de personal, de funcionamiento de la Administración y de las subvenciones.
El Gobierno de Gasteiz indicó que «la persistencia, incluso empeoramiento, de la grave crisis económica, unido a la severa caída en los ingresos fiscales», le ha «obligado» a seguir aplicando a lo largo del próximo ejercicio «una rigurosa política de contención del gasto», que da continuidad a las ya aplicadas durante 2010 y 2011.
Otro de los capítulos que fueron abordados por el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, en la reunión de la Mesa General fue el problema de la estabilidad de las plantillas de la Administración, apartado en el que se trataron la reducción de la interinidad y el freno a la externalización.
Asimismo, Ramos indicó que su Departamento prevé continuar con la lucha contra el absentismo, que ha pasado del 6,1% en 2008 al 5,5% este año.
Profesionalización
También se refirió a las medidas para «racionalizar la estructura administrativa». Ramos señaló que el objetivo es «regularizar la situación y profesionalizar al empleado público», es decir, «dotar a la plantilla de la Administración de una mayor estabilidad, reduciendo la precariedad que supone la interinidad».
Lo que se pretende, tal y como explicó, es «mantener el empleo público, las mismas plazas sin crear ninguna nueva». Según recordó, al comienzo de la legislatura había un 32% de trabajadores interinos, pero el cumplimiento de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) pactadas «ha reducido la cifra considerablemente».
Ramos destacó la necesidad de «poner en valor al empleado público, teniendo en cuenta que profesionalizar al trabajador público es sin duda una medida de ahorro para las arcas públicas». Según explicó, «mucha gente desconoce que las OPE no suponen incrementos de las plantillas ni tampoco incrementos del gasto», sino que, «al contrario, permiten ahorrar».
Los sindicatos de la Mesa General de la Administración Pública coincidieron ayer en rechazar la propuesta del Ejecutivo, al considerar que supone una agresión a los derechos de los trabajadores y más recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
La de ayer fue la primera reunión de la Mesa en la que el Gobierno hizo su propuesta a los sindicatos, alguno de los cuales va a llevar a la próxima reunión, prevista para el día 2 de diciembre, un documento escrito de rechazo formal.
LAB censuró la propuesta porque «no deja ningún margen para la negociación». A su juicio, «nos parece inaceptable que como mecánica de negociación nos propongan mantener en el mejor de los casos y, según ellos, el empleo actual a cambio de aceptar recortes en derechos y en servicios».
Ante ello, propuso abordar una negociación con el objetivo de «desarrollar servicios públicos, crear empleo público nuevo y mejorar condiciones laborales» y exigió que se retire el proyecto de Presupuestos presentado ya en el Parlamento.
«Seguimos pensando que no es momento de recortar sino de apostar por el desarrollo de los servicios públicos, que hay que hablar de la creación de empleo público y sobre todo, que debemos blindar el marco de negociación de toda injerencia que pueda provenir del Ejecutivo español del que, evidentemente, nada bueno se puede esperar», remarcó LAB.
ELA descalificó también la propuesta porque exige a los agentes sociales y a los trabajadores del sector público «responsabilidad para que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis».
Reivindicó un cambio de políticas de fiscalidad y de gasto social para «recaudar más y crear empleo público que garantice las necesidades de la sociedad».
CCOO también mostró su rechazo explícito al planteamiento del Gobierno de Patxi López porque supone pérdida de derechos y recortes que recaen «sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores».
Este sindicato defendió el mantenimiento de los servicios públicos actuales, la mejora de la atención a la dependencia y la extensión en la red pública de la educación de cero a tres años.
UGT rechazó igualmente la propuesta planteada ayer en la Mesa General y advirtió de que, de llevarse a cabo, situaría a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento. GARA
El Gobierno de Patxi López subrayó que su propuesta «está muy alejada de lo que están haciendo otras administraciones», como el «modelo de recorte catalán o el modelo del PP en las comunidades donde ya gobierna y recorta».
LAB se reafirmó en su propuesta de que no es momento de recortar, sino de apostar por el desarrollo de los servicios públicos, y reiteró que hay que hablar de la creación de empleo público y que es preciso «blindar el marco de negociación».
El sindicato ELA reivindicó un cambio en las políticas de fiscalidad y de gasto social, con el objetivo de «recaudar más y crear empleo público que garantice las necesidades de la sociedad».
Sindicatos y colectivos sociales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se concentrarán hoy a las 12 frente al Parlamento de Gasteiz contra la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos.
